Una vez más, la Cámara de Representantes de Carolina del Norte anuló el veto del gobernador Josh Stein y convirtió en ley la “North Carolina Border Protection Act” (SB-153), una controvertida legislación que amplía aún más la colaboración entre agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, impulsada por legisladores republicanos, también ordena revisar el acceso a ciertos beneficios públicos, endurece las restricciones para gobiernos locales considerados "santuario" y establece nuevas obligaciones para universidades públicas. ¿Por qué seguimos aprobando leyes antiinmigrantes y redundantes, pese a no ser un estado fronterizo?
La Cámara aprobó la anulación del veto con 71 votos a favor y 47 en contra, permitiendo la entrada en vigor de la ley. Entre sus defensores, la excandidata demócrata Carla Cunningham. La ley ya entró en vigencia.
¿Qué es la SB-153?
La SB-153 obliga a varias agencias estatales a firmar acuerdos de cooperación con ICE bajo el programa federal 287(g), mediante el cual determinados oficiales estatales podrán desempeñar funciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias bajo supervisión federal.
Las agencias incluidas son: Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección para Adultos, la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte y la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI).
Los oficiales designados deberán recibir capacitación de ICE antes de asumir estas funciones, pues deberán intentar determinar si las personas bajo su custodia son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Cuando no puedan confirmar el estatus mediante documentos o entrevistas, los funcionarios deberán consultar la información con ICE.
Cambios en beneficios públicos
La SB-153 también ordena revisar diversos programas financiados con recursos estatales para verificar que los beneficios sean otorgados únicamente a personas elegibles conforme a la legislación federal y estatal. Es una provisión redundante, pues los indocumentados no tienen acceso a programas como Medicaid, asistencia para vivienda, subsidios para cuidado infantil, ayudas para energía o programas estatales de asistencia económica.
Ahora las agencias deberán emplear recursos para desarrollar mecanismos para verificar el estatus migratorio de solicitantes inmigrantes.
Cambios para vivienda y universidades
La nueva ley exige que las agencias responsables de programas de vivienda pública revisen los requisitos de elegibilidad para beneficiarios. Nuevamente, una provisión redundante, pues eso ya se hace.
Lo nuevo es que esta legislación prohíbe que las universidades públicas pertenecientes al sistema de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) adopten políticas que limiten la aplicación de las leyes federales de inmigración dentro de los límites permitidos por la ley.
Las llamadas "ciudades santuario"
Irónicamente, establece que los gobiernos locales que adopten políticas consideradas de tipo "santuario" podrán perder ciertas protecciones legales y enfrentar demandas civiles si una persona indocumentada comete determinados delitos dentro de su jurisdicción. Nuevamente, una orden sin sentido, pues desde 2015 la Asamblea Legislativa prohibió la existencia de ciudades santuario para inmigrantes.
Un lamentable show político
La SB-153, que paradójicamente es una ley fronteriza, no busca mejorar la seguridad de Carolina del Norte ni ofrece prosperidad o más educación, todo lo contrario. Experiencias previas de cooperación entre ICE y agencias locales han generado desconfianza y aislamiento dentro de las comunidades inmigrantes. Además, cerrar las puertas de las universidades a estudiantes vulnerables no beneficia a nadie.
Esta ley es la solución a un problema que no existe. Es una forma mediocre de avivar las bases previas a las elecciones intermedias de noviembre. Es fundamental que los votantes designemos a legisladores que trabajen por la comunidad y no sean parte de un juego electoral sin sentido.