Tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos el 10 de septiembre, un juez federal frenó esta medida de la administración Trump, asegurando que los beneficiarios venezolanos y haitianos puedan seguir viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la batalla legal por esta protección continúa moviéndose en los tribunales.
Protección judicial para miles de venezolanos
El fallo fue emitido el 5 de septiembre por el juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco. Protege a 600,000 venezolanos cuyas protecciones vencieron en abril o estaban próximas a expirar el 10 de septiembre.
Chen determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al cancelar tres extensiones de TPS concedidas por la administración Biden. Sus acciones fueron calificadas como “arbitrarias y caprichosas”.
El DHS asegura que las condiciones sociales de Venezuela han mejorado y, por tanto, los beneficiarios del TPS deben regresar, pero al mismo tiempo, ha calificado al gobierno de Nicolás Maduro como un “narcoestado” y ha ofrecido $50 millones de recompensa por su captura.
Qué es el TPS
El TPS se otorga a personas en Estados Unidos cuando regresar a su país representa un riesgo por conflictos políticos, desastres naturales u otras circunstancias peligrosas.
En 2021, la administración de Joe Biden concedió TPS a venezolanos, y en 2023 se amplió a más beneficiarios. Antes del fallo judicial, el Servicio de Inmigración advertía que los beneficiarios debían prepararse para regresar a Venezuela si no tenían otra base legal para permanecer en Estados Unidos.
Demanda y acción legal
Un grupo de venezolanos junto con la Alianza TPS presentó una demanda para frenar la medida de Trump. La acción buscaba proteger tanto a los 250,000 beneficiarios originales como a los 350,000 adicionales de la redesignación de 2023.
El fallo garantiza que los beneficiarios puedan mantener su estatus legal, trabajando y residiendo en Estados Unidos sin riesgo inmediato de deportación mientras continúa el proceso judicial. Analistas anticipan que el caso puede llegar a la Corte Suprema.
Incertidumbre sobre el TPS
El TPS es crucial para las familias latinas que han construido su vida en Estados Unidos. Muchos beneficiarios tienen hijos ciudadanos, empleos estables y negocios, y contribuyen activamente a sus comunidades.
La pérdida de TPS habría causado incertidumbre, separación familiar y problemas económicos graves. Organizaciones defensoras de inmigrantes consideran que esta decisión es un paso importante para proteger los derechos y la seguridad de los venezolanos en Estados Unidos.
El caso sigue abierto mientras la administración Trump estudia apelar el fallo. Los abogados y activistas advierten que se debe respetar el derecho a la protección temporal y garantizar que estas familias no sean obligadas a regresar a un país en crisis.