El Departamento de Seguridad Interna extendió una política de su sistema de registros para poder recopilar datos de cualquier inmigrante (incluyendo residentes legales y ciudadanos naturalizados), de sus perfiles de redes sociales y resultados de búsqueda en Internet.
La oficina publicó las nuevas normas en el registro oficial el 18 de septiembre, con ellas ampliará sus registros con información disponible públicamente en Internet o “divulgada de conformidad con los acuerdos de intercambio de información”, lo podría referirse a acuerdos con las compañías tecnológicas y los proveedores nacionales de Internet.
La nueva política que permite al gobierno vigilar los perfiles de Twitter o Facebook de cualquier inmigrante, entrará en vigor el 18 de octubre y afectará incluso a quienes hayan obtenido la residencia permanente o sean ciudadanos naturalizados. En consecuencia, también afectará a todas las personas que mantengan contacto en redes sociales con esos inmigrantes.
“Esta acción sobre la Ley de Privacidad deja claro que el gobierno tiene la intención de conservar la información de las redes sociales de las personas que han migrado a este país, destacando a un enorme grupo de personas para mantener archivos sobre lo que dicen. Esto sin duda tendrá un efecto escalofriante en la libertad de expresión que se expresa cada día en los medios de comunicación social. Este enfoque colectivo es ineficaz para proteger la seguridad nacional y es un ejemplo más de la agenda contra la inmigración de la administración Trump”, dijo a La Noticia Faiz Shakir, director político nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles.