A partir del 30 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso fin a las extensiones automáticas de los permisos de trabajo (Employment Authorization Document, EAD), una medida que había estado vigente desde 2022 y que protegía a miles de inmigrantes de perder su empleo por demoras administrativas.
La decisión significa que quienes no reciban su renovación aprobada antes de la fecha de vencimiento de su documento no podrán seguir trabajando legalmente, aun si ya presentaron su solicitud dentro del plazo establecido.
Fin de una política clave para trabajadores inmigrantes
Hasta ahora, los inmigrantes podían seguir trabajando hasta 540 días adicionales mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) procesaba su renovación. La política fue implementada para compensar los grandes retrasos en los trámites, que aún hoy pueden extenderse por más de seis meses.
Con el nuevo cambio, esa flexibilidad desaparece por completo. Según el DHS, el objetivo es reforzar la verificación de antecedentes y prevenir el fraude en las renovaciones.
“El gobierno busca revisar con más rigor los antecedentes antes de extender permisos de trabajo”, explicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.. “Es parte de una tendencia hacia controles más estrictos en todo el sistema migratorio”.
Miles de familias afectadas
La eliminación de las extensiones automáticas tendrá un impacto inmediato.
Quienes no tengan su renovación aprobada a tiempo deberán suspender su empleo, perdiendo ingresos, beneficios laborales y estabilidad migratoria.
Se estima que más de 500,000 trabajadores podrían enfrentar interrupciones temporales, especialmente en sectores como la agricultura, construcción, salud y servicios, donde una gran parte de la fuerza laboral depende de permisos temporales.
“La medida traslada la carga de los retrasos administrativos del gobierno directamente al inmigrante”, señaló el abogado Quiroga. “Si USCIS no procesa a tiempo, el trabajador pierde su sustento, aunque haya cumplido con todas sus obligaciones. Es un cambio que genera incertidumbre en familias que ya viven bajo presión económica”.
Una recomendación difícil de cumplir
El DHS recomienda presentar las solicitudes con hasta 180 días de anticipación, pero expertos aseguran que esa medida es poco realista para muchos trabajadores que dependen de programas como DACA o TPS, o que tienen empleos temporales sin estabilidad.
Además, la decisión también afecta al sector privado, que había respaldado la extensión automática como una forma de evitar interrupciones laborales y reducir la rotación de personal.
Qué pasará con los permisos vigentes
El DHS aclaró que las extensiones automáticas emitidas antes del 30 de octubre seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento. Sin embargo, las nuevas solicitudes deberán esperar aprobación formal antes de permitir la continuidad laboral.
“Este cambio representa un retroceso en certidumbre y eficiencia administrativa. No es solo una medida técnica, tiene consecuencias humanas y económicas muy reales”, concluyó el abogado Quiroga.