La Corte Suprema aceptó este 19 de mayo la solicitud de emergencia del gobierno de Donald Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para cientos de miles de venezolanos. La decisión, adoptada mientras continúa el proceso legal, suspende temporalmente una orden judicial que bloqueaba la cancelación del programa.
El programa TPS protege de la deportación a inmigrantes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias que impiden su retorno seguro. Venezuela fue designado bajo esta protección por la administración de Joe Biden en 2021. Fue renovado en 2023 por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Gobierno dice que fin del TPS es del “interés nacional”
La actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, designada por Trump en su segundo mandato, revocó la extensión de TPS para venezolanos. Su decisión argumenta que mantener el programa va “en contra del interés nacional”.
La medida estaba programada para entrar en vigor el 7 de abril, pero fue bloqueada por el juez federal Edward Chen. El magistrado calificó la decisión de Noem como “sin precedentes” y basada en “estereotipos negativos”.
Chen, designado por el expresidente Barack Obama, consideró que la cancelación del TPS causaría “daños irreparables” a cientos de miles de personas. Agregó que afectaría la economía nacional y pondría en riesgo la salud y seguridad pública. El juez también afirmó que los demandantes podrían demostrar que la decisión fue ilegal y motivada por prejuicios inconstitucionales.
El debate sobre el poder ejecutivo
El fiscal general John Sauer presentó la solicitud de emergencia ante la Corte Suprema el 1 de mayo. En ella, defendió que el TPS involucra decisiones altamente discrecionales del Poder Ejecutivo y acusó a Chen de haber usurpado funciones del gobierno federal. Sauer desestimó como “inverosímiles” las pruebas usadas por el juez y criticó que se aplicara una teoría que, según él, podría invalidar cualquier iniciativa migratoria de la administración Trump.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito había rechazado previamente suspender la decisión del juez Chen, lo que llevó al gobierno a acudir al máximo tribunal. Aunque la Corte Suprema aceptó la solicitud de emergencia, la jueza Ketanji Brown Jackson expresó su disenso.
Fin del TPS pone en riesgo a 350,000 venezolanos
Actualmente, el TPS para venezolanos protege a unas 600,000 personas, pero el litigio se centra en la extensión de 2023 que cubre a más de 350,000 beneficiarios. Si se concreta su eliminación, los migrantes afectados perderán su derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos, y quedarían expuestos a la deportación.
Organizaciones como la Alianza Nacional TPS y abogados de los beneficiarios advirtieron que levantar el bloqueo judicial “causará más daño que beneficio” y obligará a muchas personas a regresar a un país que el propio Departamento de Estado considera peligroso incluso para visitas.
El futuro del TPS para otros inmigrantes es incierto
Este caso se suma a otras iniciativas del gobierno de Trump para restringir protecciones migratorias. También se ha iniciado el proceso para revocar el TPS de decenas de miles de haitianos, con una fecha de efecto prevista para agosto.
Mientras tanto, la batalla legal por el TPS para venezolanos continúa en tribunales inferiores, aunque la reciente decisión de la Corte Suprema marca un giro significativo que podría redefinir la política migratoria en los próximos meses.