A pesar de su corta edad, a Viviana Pineda le cuesta mucho compartir su historia. Dice que es complicada, larga y triste en medio de un proceso de deportación.
“Mi papá murió cuando yo tenía dos años. Mi hermana y yo vinimos a Estados Unidos en el 2014 con mi mamá. Yo tenía 11 años”, recuerda Pineda, quien ahora tiene 18 años.
“Vivíamos con mi abuela y nos emancipamos de mi mamá porque no nos cuidaba. Ahora la única persona que tengo es mi hermana mayor porque mi abuela tuvo que volver a Honduras”, menciona.
Dice que su hermana Yazmín, de 22 años, trabajó duro para que ella se enfocara en terminar la escuela. El año pasado, Viviana se graduó de la secundaria de la Universidad Harding en Charlotte.
En medio de esa difícil situación, Pineda recibió una orden de deportación. Desde entonces, ha sido cliente del Centro de Defensa Legal de Charlotte. Ahora empieza un nuevo capítulo.
Una luz de esperanza
Después de varios años, Pineda obtuvo su residencia legal estadounidense en enero, con la ayuda de su abogada del Centro. La joven ahorró miles de dólares en gastos legales gracias a un nuevo programa gratuito de abogados de inmigración para indocumentados que enfrentan órdenes de deportación.
El programa es fruto de una asociación entre varias organizaciones sin fines de lucro como la Federación Hispana, la Fundación para las Carolinas, el Centro de Defensa Legal de Charlotte, la Coalición Latinoamericana de Charlotte y Action NC.
“Este programa gratuito de abogados de inmigración no solo será muy importante para las familias a las que servimos, sino también porque ayudará a llenar un gran vacío que estamos viendo en Carolina del Norte, en cuanto se refiere a la representación en la corte de inmigración”, dijo Daniel Valdez, Director de la Federación Hispana en Carolina del Norte.
Inmigrantes sin abogado luchan en desventaja
Un informe reciente del Vera Institute of Justice coloca a Carolina del Norte en el puesto 47 de 50 estados en cuanto a tasas de representación legal en los tribunales de inmigración.
Los datos más recientes recopilados por la organización TRAC de la Universidad de Syracuse muestran que en el 2019, solo el 42% de los casos de inmigración en el condado de Mecklenburg tenían representación legal.
A diferencia de los tribunales estatales y federales, los abogados probono, es decir, que no le cobran al cliente, sino que son nombrados por un tribunal, no existen en las cortes de inmigración porque en realidad son administrativas.
Las cortes administrativas juzgan estrictamente casos entre agencias gubernamentales y ciudadanos privados. En la corte de inmigración, por ejemplo, son entre inmigrantes indocumentados y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia.
Por esa razón, los jueces de inmigración en realidad no son jueces estatales o federales, como los define la constitución estadounidense, son abogados de carrera designados por el Fiscal General y actúan como sus delegados.
Sharon Dove, directora del Programa de Justicia para Inmigrantes del Centro de Defensa Legal de Charlotte, dice que la representación legal juega un papel importante en los resultados en la corte de inmigración.
“La gente entra al tribunal de inmigración sin hablar el idioma en el que se lleva a cabo el proceso, y mucho menos sin ningún conocimiento legal. Parecen venados frente a los faros de un auto”, dijo Dove.
Desde el 2001, más de 29,000 inmigrantes han recibido órdenes de deportación en la Corte de Inmigración de Charlotte. Un poco más de 23,000 (79 %) no tenían representación legal y 6,020 (21 %), sí.
En cuanto a casos de asilo, se concedió este recurso a 2,678 inmigrantes, solo 177 de ellos no tenían representación legal. Estos números muestran la correlación entre los resultados y la representación en la corte.
La representación legal gratuita: una necesidad
Un factor a considerar es que un abogado de inmigración privado puede costar entre $100 y $300 la hora. Sharon Dove dice que estos costos suelen ser pesados para las familias inmigrantes que trabajan por horas con salarios bajos.
Se espera que los fondos para el programa duren aproximadamente un año y se renueven en el 2022. Solo este año, Dove espera que el programa ayude al menos a 120 clientes que necesiten representación en procedimientos de inmigración. Aun así, eso no significa que todos tendrán un resultado positivo.
Dado que la Corte de Inmigración de Charlotte es una de las más difíciles del país, este programa gratuito de abogados de inmigración no es una solución definitiva para todos los casos de inmigración, ya que algunos pueden tardar décadas en cerrarse. Aún así, los líderes del programa buscan demostrar el valor que podría tener un programa de representación universal en Carolina del Norte.
Para Viviana Pineda, es la posibilidad de su primer trabajo a tiempo completo y obtener su licencia de conducir como residente legal permanente. Así podrá ahorrar dinero para la universidad y, algún día, convertirse en propietaria de una pequeña empresa y mantener a su futura familia.