Un juez federal prohibió este martes la moratoria de deportación de 100 días propuesta por el gobierno de Joe Biden, y que es una de sus prioridades en su reforma migratoria.
Drew Tipton, juez federal de distrito, lanzó una orden de restricción temporal solicitada por el estado de Texas, que levantó una demanda el viernes por un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, que ordenaba a las agencias migratorias frenar las deportaciones.
La administración de Biden no ha "proporcionado ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de 100 días en las deportaciones", argumentó Tipton.
Sin duda, un revés temprano para la ambiciosa reforma migratoria del presidente.
Por otra parte, la orden representa una "victoria" para los líderes demócratas, que también se opusieron a las reformas del demócrata Barack Obama. Una oposición política natural, pues durante el gobierno de Donald Trump, los demócratas también frenaron iniciativas de ley del expresidente.
Aunque la orden prohíbe la moratoria de 100 días, no especifica en reanudar las deportaciones al acelerado ritmo de la administración de Trump.
El pasado viernes, la moratoria de 100 días entró en función y aplicó casi para cualquier persona que ingresara a Estados Unidos.
Regresan las deportaciones
Ken Paxton, fiscal de Texas, aseguró que la moratoria de Biden violaba la ley federal y rompía el acuerdo que sus estado había firmado al final de la administración de Trump para "reducir, reorientar, cambiar las prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración".
La administración de Joe Biden demostró con papeles judiciales que el acuerdo no se puede cumplir debido a que "una administración saliente no puede ceder ese poder a una administración entrante".
El despacho de Paxton respondió con un artículo de opinión en Fox News; sobre "la negativa a expulsar a los extranjeros ilegales conduce directamente a la liberación inmediata de más extranjeros ilegales en Texas".
Por su parte, el juez Tipton, designado por Trump; argumentó que su orden no se basó en el acuerdo entre Texas y la administración del expresidente; sino en la ley federal para preservar el "status quo" previo a la moratoria de 100 días.
Kate Huddleston, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas, arremetió contra el fiscal de Texas y aseveró que su demanda no debería de continuar.
"La pausa de la administración sobre las deportaciones no solo es legal sino necesaria para garantizar que las familias no sean separadas; y que las personas no vuelvan al peligro innecesariamente mientras la nueva administración revisa las acciones pasadas"; aseguró Huddleston.