Han pasado poco más de dos años desde que comenzaron los Protocolos de Protección al Migrante (MPP por su sigla en inglés), también conocidos como la política de “permanecer en México”, uno de los varios intentos del expresidente Trump de restringir la entrada de solicitantes de asilo a Estados Unidos. Sin embargo, a través de una orden ejecutiva, la Administración de Joe Biden permitió que más de 8,000 personas ingresen a Estados Unidos mientras se escuchan sus casos de asilo. Algunos de estos inmigrantes llegaron a Carolina del Norte.
La abogada de inmigración Jamilah Espinosa trabaja con una familia centroamericana que vive en Charlotte. Llegaron a la frontera en 2019, se les negó la entrada y los enviaron a esperar en México. Luego, una organización sin fines de lucro los ayudó a convertirse en uno de los pocos casos de MPP que se transfirieron a Estados Unidos.
Espinosa no puede compartir mucho sobre el caso debido a asuntos de confidencialidad. Pero dice que huyeron de su país natal debido a las amenazas de pandilleros.
"(Sus) familiares han sido asesinados y torturados. Y saben que si se quedan, serán los siguientes", aseguró la abogada.
Estos casos son solo una fracción del total de casi 30,000 MPP pendientes. La mayoría de los inmigrantes son de Cuba, Honduras y Guatemala.
Los pocos elegidos fueron transferidos desde tribunales a lo largo de la frontera hacia 63 tribunales alrededor de Estados Unidos. Al menos 115 de esos casos se han transferido a Charlotte. Aquí, la mayoría de los casos de MPP son de inmigrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
“Podrían pasar meses antes de que sepan algo de su caso”
Pero el proceso se ha estancado, dice el profesor Rick Su de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
“La orden ejecutiva pretendía incluir algún proceso o ciertos pasos que se tomarían para desenrollarlo. Y ahora mismo estamos en una situación extraña en la que la Administración ha declarado que comenzaría a procesar a las personas que ya están registradas (bajo MPP)", dijo Su. "Eso va relativamente lento".
Espinosa, por ejemplo, dice que no ha recibido ninguna indicación o instrucción de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) sobre cómo o cuándo serán las audiencias de sus clientes en la Corte de Inmigración de Charlotte.
Una portavoz de la EOIR nos remitió a su Guía para Agencias cuando se le preguntó cómo será el proceso para los solicitantes de asilo con casos que han sido transferidos.
Según el promedio de los tiempos de espera de los casos de inmigración, podrían pasar meses antes de que sepan algo.
“Detrás de todo esto hay una coordinación entre muchos departamentos diferentes del gobierno. Pero también coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales y una red de asociaciones de voluntarios. Y luego, por supuesto, los miembros de la familia", dijo Su. "Definitivamente, la tensión se está mostrando con respecto a ese grado de coordinación y cuánta coordinación está realmente sucediendo".
Mientras tanto, los solicitantes de asilo que esperan audiencias en Estados Unidos, como la familia que trabaja con Espinosa, pueden obtener un permiso de trabajo para ayudarles a sobrevivir hasta que un juez decida si pueden quedarse o no. Espinosa dice que esto les ofrece un poco de certidumbre y los aleja de tener que regresar a su país natal, donde sus vidas podrían estar en riesgo.
Históricamente, los solicitantes de asilo con representación legal tienen cinco veces más probabilidades de obtener asilo según datos de la Universidad de Syracuse. Pero, estos datos también muestran que solo unos pocos inmigrantes con casos de MPP tienen acceso a un abogado.
Los riesgos de trabajar con familias en la frontera
Jamilah Espinosa lo recuerda bien. La abogada de inmigración en Charlotte viajó a la frontera de Estados Unidos y México en el 2019. La política del MPP permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviar solicitantes de asilo a México mientras esperaban la decisión de un juez.
“(El grupo) Abogados por el Buen Gobierno y varias organizaciones sin fines de lucro nos pidieron como abogados que fuéramos a Matamoros. Entonces, volamos a Brownsville", dijo Espinosa.
Matamoros es la ciudad fronteriza mexicana directamente frente al puerto de entrada de Estados Unidos en Brownsville, Texas. Allí, con un grupo de abogados, Espinosa se instaló en un gran campamento de inmigrantes a pocos metros de la frontera. Una silla plegable con una pequeña mesa portátil adjunta le servía de oficina. Estaba rodeada por cientos de tiendas de campaña y baños portátiles para los migrantes.
Espinosa recuerda una conversación con un niño de 6 años que, con tiza dibujó en la acera lo que más anhelaba: un hogar en Estados Unidos. La abogada grabó la conversación. En un video, ella le pide que describa cuáles eran sus dibujos. El niño describe un puente que lo lleva a Estados Unidos el cual dibujó como muchas casas cuadradas con techos triangulares. El niño le dijo a Espinosa que la gran cara sonriente que dibujó junto al vecindario de tiza significaba que sería feliz allí.
"Eso realmente me impactó mucho, porque realmente es una yuxtaposición", dijo Espinosa. "Cuando miras, literalmente puedes ver al otro lado de la frontera, y luego ves (a estos migrantes) viviendo en la pobreza".
Espinosa y los otros abogados brindaron asesoría legal y prepararon a los migrantes para que presentaran sus casos en los tribunales por su cuenta. Aparte de que los inmigrantes no podían pagar por un abogado, era demasiado arriesgado para los abogados visitantes como ella quedarse más de unos pocos días seguidos. Los cárteles que dominaban la región los observaban de cerca. Y durante los tres días que estuvo allí, se encontró un cuerpo en el río al lado del campamento.
“El cartel básicamente señaló que era hora de que nos fuéramos”, dijo Espinosa.