Desde el 24 de junio entró en vigencia la Ley SB-153 en Carolina del Norte, la cual amplía la cooperación entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de establecer nuevas restricciones para los inmigrantes. La aplicación de esta ley, considerada por activistas como antiinmigrante, ha despertado una serie de dudas y preocupaciones. Por ello, la abogada de inmigración, Jennifer Ezeigwe, explica cómo funciona y a quiénes afecta.
¿En qué consiste la SB-153?
Se trata de una ley que exige más colaboración entre las autoridades locales y de inmigración. Además, establece que los fondos de Carolina del Norte no puedan utilizarse para beneficiar a personas sin estatus migratorio y prohíbe que las instituciones educativas se conviertan en universidades santuario.
¿De qué trata esta colaboración?
Esta ley exigiría una colaboración con ICE por parte de las siguientes agencias de seguridad:
- Departamento de Seguridad Pública
- Departamento de Correccionales para adultos
- Patrulla Estatal de Carreteras
- Oficina Estatal de Investigaciones (SBA)
“Todas esas agencias están ahora requeridas por la ley para que deban ayudar a inmigración en los casos que atienden. Eso significa que, por ejemplo, los alguaciles y los patrulleros de carreteras del estado, si ellos te detienen, te tienen que preguntar si tú tienes un estatus migratorio y si ellos no pueden identificar que tienes un estatus migratorio, entonces tienen que consultar a ICE, pero si confirman que no tienes estatus, también deben informar a ICE”, explicó la abogada.
Añadió: “La diferencia que trae esta ley a las que había es que anteriormente contactaban a inmigración por casos graves, por crímenes graves, pero ahora será por cualquier cosa, hasta lo mínimo, como manejar sin licencia, no tener seguro”.
¿Obliga a la policía a colaborar con ICE?
En pocas palabras, no. La ley no obliga automáticamente a todos los departamentos de policía locales a realizar funciones de inmigración ni a detener personas únicamente por su estatus migratorio. Sin embargo, al aumentar la cooperación con las autoridades, el problema surgiría si la persona es arrestada.
“La colaboración es más para la patrulla de carretera y los alguaciles, no la policía local, pero si la policía te arresta por cualquier cosa y vas a la cárcel, estas están gobernadas por la Oficina del Alguacil. Ellos sí colaborarían con inmigración”, advierte la abogada.
Inmigrantes no podrán obtener beneficios públicos
La SB-153 también exige a agencias como el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), el Departamento de Comercio, la Agencia de Financiamiento de Vivienda y todas las autoridades locales de vivienda que no otorguen beneficios a personas sin estatus migratorio y que revisen sus criterios actuales para garantizar que esto deje de ocurrir si anteriormente lo hacían.
Son más de 28 los programas que estarían sujetos a revisión. Algunos que se mencionan en la ley son:
- Medicaid.
- Programas de subsidios para cuidado infantil.
- Programas de asistencia para medicamentos.
- Servicios hospitalarios psiquiátricos para pacientes internados.
- Pagos de asistencia para hogares de acogida y adopción.
- Programas de asistencia para alquiler, vivienda transitoria o asequible.
- Subvenciones para soluciones de emergencia.
“Esta ley obliga a estas agencias a no usar fondos estatales para beneficiar a personas que no tienen documentos. Entonces mucha gente tendrá que tener más cuidado al momento de buscar ayuda y tendrá que prestar más atención en actos sencillos, como manejar sin seguro, renovar la licencia”, añadió Ezeigwe.
Prohibición de ordenanzas santuario
La SB-153 también incluye disposiciones sobre las llamadas ordenanzas “santuario”. La ley establece que las ciudades o condados que adopten este tipo de medidas podrían perder ciertas protecciones legales y enfrentar demandas civiles si una persona sin estatus migratorio comete determinados delitos dentro de su jurisdicción.
Además, la ley impide que las universidades públicas del sistema UNC creen políticas que dificulten la aplicación de las leyes federales de inmigración. “Esto lo que va a hacer es hacer mucho más difícil para estas universidades el intentar proteger a inmigrantes”, añadió.