Sara enfrenta un dilema. Recibió una “Notificación de intención de negación” de su caso de asilo. Ahora se debate entre bajar los brazos y esperar por su deportación, o pelear por su caso, pero endeudarse en el proceso.
Este artículo es parte de la serie “Los que se van”, en la que compartiremos diversas historias de aquellos que, atrapados en la desesperanza de seguir luchando por el sueño americano, deciden regresar a sus países o simplemente no buscar alivios migratorios y esperar una inminente deportación. Este es el caso de Sara, cuyo nombre completo se mantiene en el anonimato por petición propia.
La historia que contó a la paralegal no coincida con la suya
Ella solicitó asilo en el 2019. Contrató los servicios de una paralegal que le cobró $3,500 por llenar los formularios y ayudar a redactar su testimonio. “Llevaba varios años viniendo (visitando) al país, pero hasta entonces nunca pensé en quedarme. Con la crisis en Venezuela ese año me quedé, pero no sabía nada de lo que era o cómo se pedía un asilo. Me sentí confiada porque pensé que estaba en buenas manos… a la final todo salió mal”, contó a La Noticia.
“Le conté mi historia y ella llenó las planillas y envió el caso, pero no me envió una copia a mí. Por días y semanas le insistí que me enviara mi caso y no me respondía. Me lo envió apenas dos días antes y cuando leí mi caso, ya sabía que me lo iban a negar”, añadió.
Sara fue citada para una entrevista ese mismo año en Florida, pero al recibir la copia de su caso descubrió que había sido mal redactado. La historia que contó a la paralegal no coincida con la suya. La entrevista, que esperaba que fuera el paso hacia su nueva vida, terminó con un “no creemos tu caso”, por parte del agente de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que la entrevistó. Su caso fue remitido a la corte de inmigración.
Más de $15,000 por representación legal
Comentó que, tras mudarse de Florida a Carolina del Sur, su caso está actualmente en trámite en la Corte de Inmigración de Charlotte. Pero, la pandemia y los retrasos continúan manteniéndola en un limbo legal. Han pasado varios años y aún no se ha presentado en corte, tampoco espera que la llamen pronto.
Agregó que la constante exposición a discursos antiinmigrantes, las noticias sobre operativos migratorios, el fin del TPS para los venezolanos y los altos costos legales, que superan los $15,000, la llevaron a optar por esperar una orden de deportación inminente, para luego irse a comenzar de nuevo en otro país, junto a su familia.
“De preferencia, uno de habla hispana y donde los trámites migratorios no sean tan difíciles. Prefiero ahorrar lo que le iba a pagar a un abogado e irme que ser deportada después y quedarme con la deuda que tengo de la casa, del carro y del abogado”, afirmó.
El caso de Sara no es un hecho aislado. Miles de migrantes como ella enfrentan la angustia de no saber si podrán quedarse el país o si, finalmente, serán deportados a un país que ya no reconocen como su hogar o incluso ser trasladados al centro de detención migratoria de un tercer país, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
“Esa es la intención de esta administración: generar caos”
Según el abogado de inmigración Andrés López, ajeno a este caso y quien cuenta con más de 17 años de experiencia en el área y cuyo despacho se encuentra dentro de la Corte de Inmigración de Charlotte, las detenciones posteriores a las audiencias con negación de casos de asilo han disminuido en las últimas semanas. No obstante, el temor de aquellos que deben presentarse sigue siendo persistente.
“Esa es la intención de esta administración: generar caos, crueldad y confusión. Es para forzar a la gente a tener ese tipo de emoción y reaccionar de una manera que se autodeportan o que ya no quieren participar en el sistema, porque si el sistema ya no es justo y los jueces van a seguir las direcciones de su jefe, que es el presidente o el fiscal general, ¿ya para qué?", añadió.
A pesar del pesimismo entre muchos inmigrantes, López recomienda no caer en la trampa del desánimo, pues, asegura, hay alternativas legales por las que vale la pena luchar.
“De cualquier manera estamos viviendo en un país de leyes y la única manera de pelear por quedarse es proteger sus derechos. Va a ser difícil, pero es lo que se debe hacer”, dijo. “Siento que hay una desesperanza en los clientes, pero si uno deja de luchar su caso o deja de prepararlo es peor”.
¿Qué alternativas existen?
Además, sobre este caso, la abogada de inmigración, Sharon Dove, aclaró que no fue una negación de asilo, sino una “Notificación de intención de negación”. Si esto sucede, recomienda que el solicitante (Sara) debe esperar a que el juez de inmigración programe una audiencia en donde podría solicitar nuevamente el asilo, demostrando que las circunstancias que afectaron su elegibilidad cambiaron y la decisión del juez puede ser:
- Otorgar el asilo.
- Negar el asilo y otorgar una retención de la deportación o la protección bajo la Convención Contra la Tortura (si la persona lo solicita y demuestra que es elegible para este requisito).
- Denegar su asilo.
En el caso de que sea negado nuevamente, el solicitante puede apelar.
“Cada caso es diferente. Una persona que tiene su caso que va a ser decidido por el juez de inmigración, aunque no tenga esperanza, puede apelar a la decisión que tome el juez. Yo tuve un caso en donde negaron un asilo, entonces apelaron y se suspendió la orden de deportación hasta que la Junta Apelación de Inmigración decida el caso. Y si uno pierde ahí, uno tiene que apelar al Cuarto Circuito de la Corte de Apelación en Richmond (Virginia). Uno sigue batallando, para dar tiempo para que cambie la ley”, agregó el abogado López.