Un juez federal aprobó este martes un acuerdo legal que favorece a más de 60 mil migrantes que necesitan beneficios migratorios por razones humanitarias y que resuelve la demanda que tienen contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El Tribunal del Distrito Norte de California recibió una demanda el pasado noviembre en contra de una política de la administración de Donald Trump que disminuía los beneficios humanitarios para sobrevivientes de violencia doméstica.
Los abogados de Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) y la National Immigration Litigation Alliance (NILA), presentaron la demanda a nombre de la salvadoreña Keny M. Castañeda y de la inmigrante de India, Akhilesh Vangala.
De acuerdo con la demanda, la USCIS rechazó en el gobierno de Trump las solicitudes que dejaban sin respuesta algunas de las preguntas. Por ejemplo, cuando el solicitante no incluía una respuesta para el segundo nombre porque no tenía segundo nombre.
Esta ‘fue una política escandalosa claramente dirigida a impedir que las personas obtengan los beneficios humanitarios que el Congreso ha proporcionado’, señaló Matt Adams, director legal de la NWIRP.
Con el acuerdo aprobado por el juez Haywood S. Guilliam, la USCIS aceptará la fecha de presentación original de las más de 60.000 solicitudes que ha identificado como rechazadas según esta política.
La USCIS mandará avisos a los solicitantes afectados explicando los pasos a seguir para que sus solicitudes de beneficios humanitarios se registren como presentadas en la fecha en que se enviaron originalmente.