Charlotte - Una madre hondureña que estuvo casi dos meses detenida en una cárcel de Georgia, busca respuestas por parte de la escuela de su hijo que la denunció por supuesto abuso infantil, por lo que ahora lucha para no ser deportada.
Zoila Vanessa Gómez Varela recuperó su libertad el 9 de febrero, pero continúa luchando para no ser deportada. Pese a que fue exonerada de los cargos de abuso infantil, siente que la escuela primaria donde estudian sus dos hijos, Anthony de 4 años, Jorge de 9 años, se ha ensañado con ella y su esposo Jorge Cabrera.
“Me siento muy mal de haber estado presa por una acusación falsa de golpear a mi hijo con un zapato. Yo no les pego, les quito lo que más le gusta para castigarlos. Porqué la maestra no me llamó primero antes de acusarme, siento que se han ensañado con nosotros”, dijo Zoila a La Noticia.
El 8 de febrero Zoila fue exonerada por un fiscal de distrito del cargo de abuso infantil, luego que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) cerró el caso por falta de pruebas. A la vez ese día un juez migratorio le concedió una fianza de $2,500.
¿Quién hizo el reporte?
El 15 de febrero Zoila y Jorge se reunieron con la directora de la escuela, Nancy Martínez.
“Hablé con ella en español y dice que ellos no me reportaron. Se lavan las manos y le echan la culpa al DSS”, comentó la hondureña. “Sin embargo cuando me arrestaron, el agente dijo que la maestra me había denunciado por pegarle a mi hijo con un zapato”, añadió.
Luego del arresto de Zoila el 17 de diciembre, Jorge dijo que la escuela había llamado al DSS en otras dos oportunidades, una para decir que el niño tenía un golpe en una mejilla, y otra porque tenía dolor de oido.
“El DSS ha vuelto varias veces y dicen que no entienden porqué la escuela los sigue llamando”, dijo Jorge a La Noticia.
Lo que dice CMS
La Noticia contactó al Sistema Escolar de Charlotte Mecklenburg (CMS) acerca del caso, y para saber sobre los protocolos para denunciar a un padre por abuso infantil.
“El CMS está comprometido con la seguridad y bienestar de todos los estudiantes”, indicó a La Noticia, Renee McCoy, portavoz del CMS.
Según McCoy, el manual de políticas de la Junta de Educación, ordena que cierta información sea compartida con las autoridades locales.
“Si los empleados no reportan los incidentes a las autoridades pueden ser despedidos, indica la política”, afirmó la funcionaria.
El manual señala que: “Si hay sospecha de que un niño es abusado o sufre negligencia, el empleado debe reportar el caso al director del DSS del condado”.
Para la pareja, que teme regresar a Honduras porque su vida corre peligro, la situación con la escuela se ha salido de sus manos. “Creo que tendremos que cambiar de escuela”, anotó la madre.
Por lo pronto, Zoila sometió una petición de asilo en la que entra su familia, la cual ve como la única salida para evitar la deportación.