Charlotte - El Southern Poverty Law Center (SPLC) asegura que las políticas y procedimientos en el Centro de Detención de Inmigración Stewart, en Lumpkin (Georgia) violan el derecho al debido proceso de los detenidos, al colocar barreras a los abogados para poder entrevistarlos.
El SPLC, que es una organización no gubernamental de defensa de los derechos civiles, indica que en Stewart solo hay tres salas de reunión para 1,900 detenidos que es la capacidad de este reclusorio, al cual llegan la mayoría de inmigrantes detenidos en las Carolinas.
Varias prohibiciones
En una carta dirigida el 13 de julio a los altos mandos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y al operador de la cárcel CoreCivic, se indica que Stewart requiere que los abogados se reúnan con sus clientes en cuartos donde vidrios de seguridad los separen, y que cuando se utiliza un intérprete, deben gritar a través de una ranura para ser escuchados.
“Los inmigrantes son detenidos civiles y su detención se supone que es administrativa, no disciplinaria, que es el caso de detenidos criminales”, indicó la organización.
A los abogados tampoco se les permite ingresar al cuarto de visitas aparatos electrónicos como laptops y tabletas, prohibiciones que inhiben su habilidad de proveer consejo legal efectivo.
Según el SPLC, la prohibición también hace imposible el acceso a servicios de traducción por teléfono u otros aparatos al centro de reclusión en una zona rural como Lumpkin donde no hay intérpretes disponibles.
“Ningún abogado y especialmente los que ofrecen su tiempo de manera voluntaria, deberían esperar por horas uno de los tres cuartos de reunión para 1,900 detenidos”, dijo Dan Werner, director de la Iniciativa de Liberación del Inmigrante del Sureste (SIFI) del SPLC.
Demandan reformas
El SPLC demanda varias reformas, que incluye un máximo de 30 minutos de espera, espacios de reunión más apropiados y acabar con la prohibición de ingresar aparatos electrónicos.
“Es todo un proceso. Lo que están haciendo es todo lo posible para hacer todo más difícil”, manifestó Atenas Burrola, abogada de Charlotte que ha sido voluntaria de SIFI, el proyecto lanzado a comienzos del año para brindar asistencia legal gratuita a los detenidos en Stewart.
Burrola contó que en Stewart solo se les permite ingresar al cuarto de reunión con una pluma y papel, y deben llevar por escrito todo lo que necesitan hablar con el cliente.
“Es más fácil tener un archivo legal electrónicamente, o si tenemos una pregunta se podría responder al contactar a alguien o al buscar por Internet. Lo que toca es salir del área de seguridad, ir hasta la corte, hacer copias, regresar y esperar otras dos o tres horas, por algo que tarda 5 minutos”, explicó la abogada, directora del Centro de Integración del Inmigrante de la Coalición Latinoamericana.
Según The Marshall Proyect, una organización sin fines de lucro de noticias, en 2015 Stewart tenía la taza de deportaciones más alta del país, 98 %, en parte porque los detenidos tenían menos probabilidades de tener un abogado.