La Corte de Inmigración de Carolina del Norte, ubicada en Charlotte, ha emitido 18,133 órdenes de deportación en nueve meses. Además, se contabilizan unas 800 salidas voluntarias. Estas cifras indican que actualmente Charlotte concentra la cuarta cantidad más alta de procesos de deportación, pero ¿a qué se debe este aumento?
Anteriormente, consultamos a la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe, quien explicó que el alza de órdenes de deportación se debe a la incorporación de tres nuevos jueces y a que muchos inmigrantes dejan de ir a sus audiencias por miedo.
“Faltar a una audiencia se traduce en una orden de deportación en ausencia automática”, aseguró Ezeigwe.
Sin embargo, consultamos a Stefanía Arteaga, co-directora ejecutiva de Carolina Migrant Network, quien señala que existen otros factores relacionados con comunidades latinas específicas, migración interna de estados como Miami y Texas, la falta de representación legal y los altos costos de esta.
Nacionalidades con más órdenes de deportación
Según datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York, inmigrantes de México, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia y Nicaragua concentran alrededor de 15,000 de estas órdenes. Es decir, ocho de cada 10 órdenes de deportación corresponden a estas nacionalidades.
Los mexicanos encabezan la lista, con 5,080 órdenes, seguidos por hondureños, con 3,985. Para Arteaga, históricamente estas nacionalidades, al igual que los guatemaltecos, se encuentran entre los más afectados, tanto por la cercanía geográfica como por llevar décadas formando parte del principal flujo migratorio hacia el estado.
Sin embargo, señala que en los últimos años existen cambios en los flujos migratorios hacia Charlotte registrados después de la pandemia y del fin del Título 42 (una política que deportaba inmigrantes en la frontera por razones de salud). En especial de personas procedentes de países como Venezuela y Nicaragua que ingresaron a Estados Unidos solicitando asilo o que contaban con beneficios migratorios que fueron cancelados de un momento a otro.
Como ejemplo, citó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos aprobado en 2021 y luego en 2023, cuya terminación fue impulsada por la administración Trump y finalmente entró en vigor tras decisiones de la Corte Suprema.
“Muchas personas de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba entraron por la frontera sur pidiendo asilo y hoy están siendo puestas en procesos de remoción”, comentó.
Pocos abogados y altos costos legales
Otro factor que Arteaga atribuye al aumento de casos en Carolina del Norte es el costo de vida. “Es mucho más bajo el costo de vida aquí que en Miami, Nueva York, Los Ángeles, por ejemplo. Hemos visto mucha inmigración interna dentro del país, personas que vienen de otros estados por el costo de vida o porque tienen políticas migratorias y colaboración con agentes de inmigración más amplias”.
Las nacionalidades no son el único dato que destaca en la información de TRAC. De las 18,133 órdenes registradas, 7 de cada 10 (13,347) corresponden a personas que no se presentaron a su audiencia, mientras que 8 de cada 10 (14,192) no tenían representación legal.
Al respecto, Arteaga señaló: “En Carolina del Norte no hay suficientes abogados de inmigración, tanto en organizaciones sin fines de lucro como en el sector privado. De hecho, nosotros tenemos la única abogada gratuita que trabaja con personas en proceso de deportación en las Carolinas. Sin embargo, con el cambio de Gobierno perdimos casi $400,000 en fondos. Esto afecta nuestra capacidad de atender tantos casos que existen en el estado”.
“Adicionalmente, la gente no puede pagar a un abogado privado. Los costos son muy caros y las familias no tienen la economía necesaria. Hemos escuchado que el promedio por una representación legal es de alrededor de $10,000 y, cuando se contrata, se debe pagar un porcentaje. De hecho, la visita más barata solo por hablar con un abogado es de $150”, señaló.