La moratoria que prohibía el desalojo de una persona que no podía pagar por el alquiler de su vivienda llegó a su fin, pero el COVID-19 continúa campante, trayendo estragos en la salud y en la economía. Estamos a las puertas de una crisis de desalojos en donde las familias latinas están en riesgo.
Más de un año después del inicio de la pandemia los nuevos casos de contagio continúan elevados a nivel nacional, principalmente por la variante Delta y la reticencia de algunas personas a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Esta incertidumbre sigue afectando la economía.
Una encuesta publicada el 27 de septiembre por la Asociación Nacional de Economistas Empresariales (NABE), se proyecta un crecimiento económico más lento este año (del 5.6 %), debido a la variante Delta.
Estas no son buenas noticias para personas que viven mes a mes de su sueldo, especialmente para quienes están atrasados con el pago del alquiler de su vivienda.
Familias latinas en riesgo
Actualmente 23 % de la población de Carolina del Norte ha fallado en pagar el alquiler de la vivienda aunque sea una vez, según datos del Censo. Adicionalmente, el 15.8 % de la población está en riesgo de desalojo.
La Oficina del Censo realizó una encuesta durante las dos primeras semanas de agosto, donde se señala que al menos 19,786 latinos dijeron que podrían ser desalojados en los próximos dos meses en Carolina del Norte.
Aunque estos datos no reflejan la totalidad de latinos en riesgo de desalojo, son números referenciales.
El laberinto de encontrar ayuda
El Plan de Rescate Estadounidense proporcionó miles de millones de dólares para que los estados administren fondos de ayuda a favor de los inquilinos que no pueden pagar la renta por tener dificultades económicas debido a la pandemia.
Las familias en riesgo deberían beneficiarse con esta ayuda, pero la realidad es mucho más compleja.
El programa federal Ayuda de Emergencia para el Alquiler (ERA) fue creado para asistir a inquilinos y propietarios de vivienda, sin embargo miles de familias, muchas de ellas latinas, siguen en riesgo de desalojo. ¿La razón?
Activistas han denunciado que el proceso de solicitud para recibir ayuda es tedioso y complejo, sin mencionar que además es largo e inaccesible en algunos casos.
El lenguaje técnico de las solicitudes y la falta de ayuda para navegar el proceso de inscripción en español, serían parte del problema.
La organización Siembra NC hizo una encuesta entre las personas a quienes ellos sirven en la comunidad latina. Allí descubrieron que más de la mitad no sabía que califican para la ayuda.
Estos activistas igualmente mencionaron que ha sido difícil comunicarse con representantes del programa en los diferentes condados.
“Por ejemplo, llamamos a la oficina del condado Cabarrus y nos dijeron que hay una lista de espera de seis meses, lo cual complica la situación de alguien que está en peligro de perder su hogar en una, dos semanas”, dijo a La Noticia Juan Miranda, organizador ejecutivo de Siembra NC.
Hay fondos de ayuda, no se desanime
Es impresionante que existan millones de dólares en fondos, pero que no se invierta lo suficiente en navegar el proceso y atender directamente a los afectados: familias pobres con limitado acceso al internet o al idioma.
Las familias latinas en riesgo de desalojo deben pedir ayuda de su comunidad, de organizaciones locales, de vecinos. No se desanime si llenó mal la solicitud o si la rechazan por que le faltó algún documento. Hay fondos disponibles, vuelva a intentarlo.
Igualmente, estos programas permiten que los arrendatarios postulen a sus inquilinos para recibir ayuda. Si está en su mano socorrer a una familia a no ser echada a la calle, extienda su mano, ayúdele a llenar la solicitud o a buscar asistencia.
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