El 5 de septiembre vence el plazo impuesto por un grupo de políticos republicanos al gobierno para que cancele la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que protege de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes llegados a Estados Unidos con sus padres, cuando tenían menos de 16 años. Esto dará inicio a una batalla legal en donde el alma de Estados Unidos estará en juego.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con otros nueve fiscales generales y un gobernador urgieron a finales de junio a Donald Trump a que cancele DACA. Si Trump no lo hace, impondrán una demanda aduciendo que el programa es ilegal.
Este grupo de políticos (todos republicanos) realizaron esta maniobra motivados por el odio y la xenofobia (realmente no hay otra explicación racional), pues estudio tras estudio ha comprobado que los jóvenes aparados con DACA, también llamados “soñadores” no le hacen ningún daño a Estados Unidos sino todo lo contrario, son protagonistas del desarrollo de este país, su hogar.
Es sabido que algunos políticos republicanos padecen del grave trastorno mental de la “Obamafobia”, para ellos todo lo que hizo Obama está mal y debe ser eliminado, no importa el costo (monetario o social). Este nefasto principio es básicamente el motor de la actual reforma de salud que sigue sin salida en un Congreso de mayoría republicana. DACA fue originalmente implementada por Obama en el año 2012. Con esto en mente veamos algunos posibles escenarios.
Si Trump decide eliminar DACA antes de septiembre, además de poner en riesgo la estabilidad de miles de jóvenes, esto generaría el rechazo de la población en general, pues múltiples encuestas aseguran que la mayoría de los estadounidenses aprueban DACA y tienen una buena imagen de los soñadores. Esto puede motivar a que el Congreso tome alguna medida para proteger a estos jóvenes, sin embargo esto tendría un precio.
En las dos cámaras del Congreso reposan proyectos de ley (demócratas) destinados a ofrecer algún tipo de protección legal a los soñadores, sin embargo están estancadas por falta de apoyo bipartidista. Si se elimina DACA, esto daría una ficha de negociación a los republicanos para otros proyectos de ley que actualmente no cuentan con el respaldo demócrata, como incluir en el presupuesto la construcción del muro en la frontera con México o la propia reforma de salud.
Si Trump no cede al ultimátum de los promotores de odio y no cancela DACA, este grupo de fiscales puede demandar al programa, y un juez federal puede suspender el programa, tal y como pasó en el 2014 cuando un grupo de políticos republicanos (entre ellos el exgobernador de Carolina del Norte Pat McCrory) con una demanda detuvo la implementación de DAPA, programa que amparaba de la deportación a padres de ciudadanos y residentes legales.
En este escenario, el futuro de DACA estaría en manos del fiscal general Jeff Sessions, quien debería defenderlo (al ser el abogado del gobierno), el problema es que en múltiples ocasiones Sessions ha cuestionado la legalidad de DACA.
Este programa no es una solución real al problema migratorio, sin embargo, mientras llega una reforma migratoria, es un alivio para miles de jóvenes inocentes.
En cualquier caso, lo que está en juego más allá de la deportación de 800,000 soñadores, es el alma de Estados Unidos. ¿Realmente nos convertiremos en un país que dé la espalda a nuestros jóvenes?, ¿seremos cómplices de un clima de crueldad en aras de obtener una ganancia política? La historia nos juzgará por nuestra posición frente a este tema. ¿Nos quedaremos de brazos cruzados?