Raleigh- El Sindicato de Trabajadores Agrícolas, FLOC, demandó al gobierno de Carolina del Norte por una ley estatal que limita el acceso de los trabajadores del campo a los sindicatos.
En la demanda, el sindicato y dos trabajadores- Víctor Toledo y Valentín Alvarado - establecen que la Ley Agraria de Carolina del Norte del 2017, viola la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución al impedirles el libre derecho de asociación, así como a establecer acuerdos de negociación colectiva con sus empleadores.
Además, recalcan que es discriminatoria ya que impacta a un solo grupo de trabajadores, el 90 % de ellos latinos. La ley fue firmada por el gobernador del estado Roy Cooper, el mes de julio.
“Es una ley racista que discrimina a los trabajadores agrícolas, casi todos hispanos y no afecta a ningún otro. Segundo, es una violación a la libre expresión y los derechos de asociación al tratar de debilitar al sindicato, y tercero fue aprobada en represalia porque hablamos públicamente sobre los problemas en el campo donde algunos legisladores son rancheros”, indicó a La Noticia, Justin Flores, vicepresidente de FLOC en Carolina del Norte.
Piden suspensión temporal
El principal patrocinador de esta ley fue el senador Brent Jackson, quien es el dueño de Jackson Farming Company y recientemente fue demandado por FLOC por robo de salarios de trabajadores agrícolas latinos.
La ley también prohíbe a cultivadores firmar cualquier acuerdo con un sindicato en relación con una demanda, como un acuerdo en donde el empleador acuerda reconocer al sindicato, o a una acción colectiva de negociación que incluye una promesa de no demandar.
“Esta ley abre las puertas para el abuso de trabajadores en cada granja en todo el estado”, mencionó Kristi Graunke, abogada supervisor de SPLC. “Los trabajadores agrícolas proveen mano de obra indispensable a la economía de Carolina del Norte. A cambio de sus sacrificios y trabajo duro, la legislatura les ha recompensado con la supresión de sus derechos constitucionales”, apuntó.
Flores indicó que por otro, también presentaron otra petición a la corte solicitando la suspensión inmediata de la aplicación de esta ley en tanto se resuelve la demanda, lo que puede tardar varios meses o incluso años.
La demanda fue presentada el 15 de noviembre en las afueras del edificio legislativo en Raleigh por miembros de FLOC y una coalición de grupos de derechos civiles, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) , el Centro de Justicia de Carolina del Norte y Southern Poverty Law Center (SPLC).
Más de 100,000 trabajadores agrícolas proveen labor a granjas de Carolina del Norte, ayudando a generar más de $12,000 millones a la economía estatal.