Carolina del Norte está en camino a unirse una serie de estados como Texas, Florida, Tennessee, Iowa, Oklahoma o Luisiana, que están implementando leyes antiinmigrantes, básicamente con fines electorales, pero a un alto precio económico, laboral y social. Estas leyes son contraproducentes y anticonstitucionales. Veamos un ejemplo en la ley de Florida, a un año de ser implementada.
El proyecto de ley SB-1718 provee $12 millones para reubicar indocumentados lejos de la Florida, exige a las empresas con más de 25 empleados verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, prohíbe que los gobiernos locales den dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a los inmigrantes, exige a los hospitales preguntar el estatus migratorio de los pacientes e invalida las licencias de conducir de otros estados en donde los inmigrantes pueden obtener este documento.
Tras un año de la implementación de la ley, menos de 10 personas han sido procesadas por infringirla, pero ha generado un éxodo de inmigrantes y con ello falta de mano de obra en industrias clave como el turismo, la construcción y la agricultura. El Florida Policy Institute estima que esta ley de inmigración le costó a la economía estatal $12.6 mil millones en su primer año.
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Tristemente, no es la primera vez que este tipo de legislaciones oportunistas, sin fundamento y plagadas de prejuicio, lucran del temor de millones de familias trabajadoras, la historia nos demuestra que estas leyes solo son un espectáculo macabro y, que en la práctica, no pueden aplicarse.
California lo intentó
En 1994, la Propuesta 187 (que tenía el dramático nombre: “Save Our State” SOS), buscaba establecer un sistema de evaluación de ciudadanía administrado por California, prohibía que los indocumentados usen atención médica (que no sea de emergencia), educación pública y otros servicios en el estado.
Sus proponentes decían que era muy caro pagar por los servicios sociales que recibían los inmigrantes, pero la Oficina del Análisis Legislativo de California estimó que en realidad sería más costoso un sistema propio de verificación de estatus migratorio.
Los votantes aprobaron esta propuesta de ley en las elecciones del 8 de noviembre de 1994. Sin embargo, fue impugnada en una demanda legal al día siguiente. Un tribunal federal de distrito la declaró inconstitucional el 11 de noviembre de ese año.
Perfil racial en Arizona
En el 2010, la entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer, convirtió en delito que un inmigrante esté sin portar sus documentos, además obligaba a la policía local a determinar el estatus migratorio de la persona, si tenía “la sospecha razonable” de que no estaba de manera legal en el país, e imponía sanciones a quienes transportaban a “extranjeros no registrados”, aunque sean familia.
A escasas 24 horas de que la SB-1070 entrara en vigencia, una jueza ordenó la suspensión de las cláusulas más controversiales de la ley.
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Las leyes antiinmigrantes estatales son inconstitucionales
Hoy, la Asamblea General de Carolina del Norte quiere ignorar la historia y sigue empujando un proyecto de ley que busca obligar a las agencias locales del orden a colaborar con Inmigración.
La inmigración es un asunto federal. Los estados no tienen autoridad para crear sus propias políticas migratorias. Estas leyes antiinmigrantes son dañinas para la economía, propensas a la discriminación racial, y perjudiciales para las relaciones entre las fuerzas del orden y la comunidad. Es reprochable que los políticos, a sabiendas de esto, sigan sembrando miedo para obtener unos pocos votos.
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