El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dio a conocer el 11 de julio que vetó un proyecto de ley antiinmigrante; que buscaba obligar a los departamentos de policía, del alguacil y las cárceles del estado, a entregar información sobre ciertos detenidos a las autoridades de inmigración.
“Esta ley solo se trata de ganar puntos políticos y usar el miedo para dividir a los habitantes de Carolina del Norte... Sé que la ley actual ya permite que el estado encarcele y procese a criminales peligrosos; independientemente de su estatus migratorio", aseguró Cooper al vetar la SB-101.
Por varios días, grupos de activistas y organizaciones sociales habían pedido que Cooper vetara el proyecto de ley.
Múltiples estudios académicos han demostrado que cuando se asignan tareas migratorias a agencias policiales, ocurre una irreparable desconfianza entre la comunidad y las autoridades.
"Este proyecto de ley es inconstitucional. Debilita la aplicación de la ley en Carolina del Norte al exigir que los alguaciles hagan el trabajo de los agentes federales, utilizando recursos locales que podrían afectar su capacidad para proteger sus condados”, agregó el gobernador.
Corta historia de la Ley antiinmigrante
En el 2018 y 2019, los principales condados de Carolina del Norte eligieron a alguaciles que pusieron fin a estas colaboraciones entre las agencias policiales locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Luego de permanecer archivado por más de un año, el proyecto de ley SB-101 se reactivó a finales de junio del 2022 y, en tiempo récord, fue aprobado por la Asamblea estatal el 1ro de julio.
La legislación fue enviada al escritorio del gobernador Cooper, quien la vetó en el último día en el que legalmente podía hacerlo; de lo contrario se hubiese automáticamente convertido en ley, según los reglamentos estales.
Aplauden veto del gobernador
“Proyectos de ley antiinmigrantes como el HB 370 y la SB 101 no tienen cabida en nuestra Legislatura, estos ataques a las comunidades inmigrantes son racistas y obsoletos. La SB 101 se une a la lista de proyectos de ley antiinmigrantes derrotados gracias al trabajo de activistas inmigrantes y aliados”. Dijo Martha Hernández del Comité de Acción Popular (CAP).
“SB 101 fue un esfuerzo para reunir sentimientos antiinmigrantes antes de las próximas elecciones. Estamos contentos de que el Gobernador haya hecho lo correcto por sus electores inmigrantes y haya vetado la SB 101”, aseguró Iliana Santillian, Directora Ejecutiva de El Pueblo.
“SB 101 fue un intento de represalia contra los votantes que eligieron alguaciles que cumplieron sus promesas de poner fin a las asociaciones voluntarias con ICE”, dijo Stefania Arteaga, estratega de campaña de la ACLU de Carolina del Norte.
“Estamos agradecidos de que el gobernador Cooper haya usado su poder para proteger a las comunidades inmigrantes una vez más de los ataques de los legisladores antiinmigrantes”, concluyó Arteaga.
