El presidente Donald Trump está probando los límites de nuestro sistema democrático. En una suerte de experimento autoritario, su administración se negó a seguir la orden de un juez federal y ahora se niega a acatar una orden de la Corte Suprema, relacionada con la deportación de un inmigrante a El Salvador, sin el debido proceso, sin juicio y sin pruebas. ¿Qué pasa si el presidente decide desobedecer las órdenes de las cortes?
Kilmar Abrego García llegó a Maryland hace 15 años. Aunque no tenía antecedentes delictivos y está casado con una ciudadana americana, fue deportado a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, SECOT. La administración Trump admitió que su deportación se debió a un “error administrativo”, sin embargo, se negó a traerlo de regreso.
La Corte Suprema dictaminó por unanimidad (9-0), el 10 de abril, que la administración Trump debía “facilitar” el regreso de Ábrego García, pero esto no sucedió. La excusa que dio Trump es risiblemente absurda, proclama que la orden no dice explícitamente que lo tenga que traer de vuelta, que ahora es un problema de El Salvador.
¿Pueden la Corte Suprema obligar al presidente a que las obedezca?
A finales del siglo XVIII, los padres fundadores de Estados Unidos, con George Washington a la cabeza, trazaron los lineamientos de un nuevo sistema de gobierno. Dividieron el poder del gobierno central en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Cada rama cuenta con herramientas para preservar su propia autoridad y limitar las acciones de las otras dos, conocido como el sistema de pesos y contrapesos, para evitar que abusaran de su poder.
El Poder Judicial dispone de algunas herramientas para hacer cumplir sus órdenes, incluyendo procedimientos por desacato y sanciones a funcionarios o a los abogados que lleven el caso del gobierno federal.
Existen dos tipos de procedimientos por desacato: civiles y penales, y ambos pueden resultar en sanciones, multas y, en casos extremos, prisión. Sin embargo, en última instancia depende de las fuerzas del orden y los fiscales federales para aplicar las sanciones. Adicionalmente, los U.S. Marshals, por ley, deben ejecutar y hacer cumplir todas las órdenes de los tribunales federales. Pero, tome en cuenta que forman parte del Departamento de Justicia, es decir, del Poder Ejecutivo.
La Corte Suprema tiene la autoridad para emitir fallos, pero depende de otros actores del gobierno, como el Departamento de Justicia y los fiscales federales, para hacerlos cumplir. Si el Poder Ejecutivo no cumple con las decisiones judiciales, el gobierno en su conjunto pierde su capacidad de funcionar como una entidad coherente, se crea un vacío en el sistema, y se da un paso hacia el autoritarismo.
Crisis constitucional: el primer paso al autoritarismo
Si el presidente se niega a respetar el debido proceso, si se hace de oídos sordos a las órdenes de los tribunales, ¿qué lo detiene para expandir sus poderes?, ¿quién impedirá que comience a detener a activistas, periodistas o influencers que no piensen como él?
¿Qué pasaría si se profundiza esta crisis constitucional? Entraríamos a territorio desconocido. El país no ha visto una situación similar después de la Guerra Civil. Analistas especulan que si el presidente se niega a reconocer las órdenes de las cortes, quizás no descendamos estrepitosamente hacia una dictadura, sino, es probable que los estados empiecen a tomar el control en lugar de un gobierno central cohesionado.
Solo considerar la idea de tener una serie de estados que solo reconocen las partes de la ley federal que se alinean con sus intereses, es la antítesis de lo que es un país funcional.
Hoy son los inmigrantes a quienes se les está negando el debido proceso, mañana será a los ciudadanos. Trump está probando los límites de nuestra democracia, este es un experimento autoritario. Depende de todos nosotros cuán lejos le permitamos llegar.