La Casa de Representantes de Carolina del Norte aprobó, el 11 de septiembre, un controversial proyecto de ley considerado antiinmigrante, por obligar a las agencias locales de la ley a cumplir tareas migratorias. Ahora se dirige a la oficina del gobernador, Roy Cooper. Activistas están haciendo un llamado al gobernador para vetar la ley.
Con una votación de 67 votos a favor y 43 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la medida, dentro de un paquete presupuestario elaborado por legisladores republicanos.
“Las madres de Carolina del Norte están pidiendo al gobernador Roy Cooper que vete el proyecto de ley HB-10, el cual amenaza con hacer que nuestro estado sea menos seguro, nuestras escuelas menos efectivas y nuestra economía más débil”, dijo Sheila Arias, Directora de Campaña en Carolina del Norte para MomsRising/MamásConPoder.
Temen que ley antiinmigrante afecta a la comunidad
La ley obliga a los alguaciles de los 100 condados de Carolina del Norte a trabajar con agencias migratorias, cuando no puedan determinar el estatus migratorio de una persona arrestada por delitos graves.
Activistas y varios alguaciles locales advierten que esta medida creará desconfianza entre los inmigrantes y las autoridades.
“Esta legislación antiinmigrante y antieducación es profundamente perjudicial. Obliga a los alguaciles locales a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debilitando la confianza de la comunidad en las fuerzas del orden y dejando a las víctimas inmigrantes de abuso sexual, violencia doméstica y otros delitos vulnerables y desprotegidas. También desalentaría a los inmigrantes de denunciar delitos o de participar como testigos en los procesos judiciales”, agregó Arias.
Critican el financiamiento de escuelas privadas con fondos públicos
La HB-10 se aprobó dentro de un paquete presupuestario republicano que también autoriza el uso de vales escolares para escuelas privadas.
“En lugar de destinar los fondos necesarios a nuestras escuelas públicas para contratar y retener maestros, conductores de autobús y asistentes educativos, el proyecto de ley HB-10 desvía esos recursos hacia programas de vales que facilitan que las familias más adineradas puedan pagar la matrícula de escuelas privadas”, aseguró Arias.
La controversial media ha sido denunciada por varias semanas por el propio gobernador Cooper.
“Los habitantes de Carolina del Norte quieren que sus impuestos se utilicen para financiar una educación pública de calidad, incluidos programas preescolares y desayunos y almuerzos escolares gratuitos y universales, para combatir el hambre infantil, no para subsidiar la educación privada”, agregó Arias.
Piden a legisladores apoyar al gobernador para vetar la ley
En el pasado, propuestas similares fueron vetadas por el gobernador. Sin embargo, en esta ocasión los legisladores republicanos tienen una “supermayoría”, que puede desestimar un posible veto de Cooper.
“Al aprobar HB-10, los legisladores jugaron a la política con nuestro futuro en lugar de trabajar para mejorar la seguridad, fortalecer la educación pública o hacer que el cuidado infantil y la vivienda sean más accesibles. Están fomentando la división y el sufrimiento. Las madres de Carolina del Norte instan al gobernador Cooper a vetar este proyecto de ley dañino y piden a los legisladores que apoyen su veto”, pidió la activista.
Se espera que en pocos días se pronuncie el gobernador Cooper sobre esta ley.
“La HB-10 es malintencionada y perjudicial para nuestro estado, y no debe convertirse en ley”, concluyó Arias.