Muchas familias inmigrantes enfrentan obstáculos al buscar una vivienda digna. El idioma, el acento, el estatus migratorio y el color de piel siguen influyendo a la hora de arrendar, comprar o conseguir un crédito hipotecario, pese a que la Ley de Vivienda Justa de 1968 prohíbe este tipo de discriminación, según un reciente estudio.
Tres de cada 10 inmigrantes con bajo nivel de inglés viven en hacinamiento, y miles de casos de discriminación permanecen ocultos por temor a represalias, según datos publicados en Journal of Housing Economics en su estudio: Language proficiency and homeownership: Evidence from U.S. immigrants.
Sobre el estudio, el abogado Héctor Quiroga, especialista en derechos de trabajadores inmigrantes, destaca:
“El bajo dominio del inglés determina si una familia puede tener su propia casa o queda atrapada en el mercado de alquiler.”
Estadísticas que reflejan discriminación en la vivienda
- Solo el 49 % de los inmigrantes con bajo nivel de inglés son propietarios de vivienda, frente al 64 % de quienes hablan inglés con fluidez.
- Esto genera mayor hacinamiento y peor calidad de vivienda.
- Los niños que llegan más jóvenes al país adquieren mejor dominio del idioma y, con ello, más oportunidades de vivienda y empleo.
Diferencias concretas:
- Quienes hablan inglés muy bien obtienen crédito hipotecario más fácilmente (76 %) y tienen más espacio por persona en sus hogares.
- Los que tienen bajo nivel de inglés enfrentan menos habitaciones y dormitorios por persona, y mayor probabilidad de vivir en viviendas de baja calidad.
- La comunidad latina concentra el 81 % de los inmigrantes con bajo nivel de inglés.
“Las diferencias en el dominio del inglés no solo reflejan un tema educativo, sino también migratorio. Llegar en la adolescencia implica enfrentar más barreras de integración, y esas limitaciones lingüísticas se convierten en obstáculos concretos al momento de acceder a empleo formal, crédito y vivienda digna. Por eso es clave entender que el idioma termina siendo un factor de desigualdad estructural para muchas familias inmigrantes”, explica el abogado Quiroga.
Discriminación indirecta y costos ocultos
Aunque muchos casos no se denuncian por miedo a represalias o al estatus migratorio, los datos muestran que en 2023 hubo 1,693 denuncias por discriminación basada en origen o nacionalidad, y 27 por estatus migratorio o ciudadanía.
Algunas prácticas frecuentes incluyen:
- Cobrar depósitos más altos.
- Pedir fiadores adicionales.
- Cargos extra por traducción de contratos.
Casos recientes como Reyes v. Waples Mobile Home Park en Virginia (2022) o sentencias en Chicago, California y Nueva Jersey muestran que algunos arrendadores utilizan el miedo a la deportación o trámites diferenciados para excluir a inmigrantes y personas con DACA.
Diferencias legales según el estado
- 41 estados (incluyendo Carolina del Norte) tienen leyes locales que refuerzan la Ley de Vivienda Justa.
- 9 estados (Texas, Arizona, Utah, etc.): dependen solo de la protección federal mínima, con menos canales de denuncia y menor sanción a abusos.
Órdenes ejecutivas y nuevas restricciones
En 2025, se emitieron órdenes ejecutivas que:
- Eliminan la aplicación del principio de “disparate impact” (impacto dispar), afectando desproporcionadamente a inmigrantes.
- Restringen subsidios de vivienda para indocumentados.
- Limitan garantías de acceso igualitario en programas federales.
Recursos y apoyo
A pesar de las barreras, existen vías de protección:
- El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD): línea gratuita 1-800-669-9777.
- Alianza Nacional para la Vivienda Justa: formular denuncias en línea: nationalfairhousing.org/report-discrimination
“El marco legal es robusto, pero la efectividad depende de que los inmigrantes se sientan seguros para denunciar. Sin denuncias, los abusos permanecen invisibles y continúan repitiéndose”, concluye el abogado Quiroga.
