Cientos de miles de inmigrantes podrían enfrentar mayores obstáculos para obtener o renovar permisos de trabajo bajo una nueva propuesta presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La comunidad tiene menos de 60 días para opinar sobre estos cambios antes de que se hagan efectivos.
La medida, que aún no entra en vigor, podría modificar de forma significativa las reglas para personas que actualmente reciben autorización de empleo mediante programas como el parole humanitario, la acción diferida (sin embargo, no se incluye aquí a las personas con DACA), algunos solicitantes de visa T (para víctimas de tráfico humano) y algunos casos de inmigrantes con órdenes finales de deportación que permanecen temporalmente en el país bajo supervisión gubernamental.
Según el DHS, el objetivo es reforzar los controles para otorgar estos beneficios migratorios. Sin embargo, organizaciones y abogados de inmigración advierten que los cambios podrían afectar a trabajadores, familias y empleadores en todo el país.
¿Qué cambios propone el DHS?
Uno de los aspectos más importantes de la propuesta es que los solicitantes tendrían que demostrar una necesidad económica real para obtener o renovar un permiso de trabajo.
Aunque el gobierno no ha definido exactamente qué documentos exigirá, podrían considerarse factores como ingresos insuficientes, dependientes económicos, gastos médicos importantes o falta de otras fuentes de sustento.
Además, el DHS busca ampliar su capacidad para decidir, de manera discrecional, quién merece recibir una autorización laboral.
“El debate no se limita a quién podría recibir autorización de empleo, sino también a qué tan amplias serán las facultades discrecionales del gobierno para aprobar o negar estas solicitudes bajo los nuevos criterios propuestos”, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.
Más verificaciones y controles
La propuesta también contempla el uso obligatorio de datos biométricos, como huellas dactilares y otros identificadores, para verificar identidad y revisar antecedentes antes de aprobar permisos de trabajo.
Otro cambio relevante permitiría negar autorizaciones a personas que hayan sido arrestadas, acusadas o condenadas por determinados delitos, salvo que existan razones de interés público que justifiquen una excepción.
Asimismo, el DHS propone restringir el acceso a permisos laborales para ciertos inmigrantes con órdenes finales de deportación que permanecen bajo supervisión migratoria.
La agencia argumenta que otorgar permisos de trabajo en esos casos podría reducir los incentivos para cumplir con procesos de salida del país.
Miles de trabajadores podrían verse afectados
Los propios documentos del DHS reconocen el alcance potencial de la medida.
Durante el año fiscal 2024 se presentaron más de 978,000 solicitudes iniciales y renovaciones de permisos de trabajo dentro de las categorías que podrían verse afectadas.
Esto significa que el impacto podría extenderse a cientos de miles de inmigrantes que actualmente trabajan de manera legal gracias a programas temporales.
También podría afectar a empresas estadounidenses que dependen de esta fuerza laboral para cubrir puestos en diferentes sectores económicos.
La propuesta aún no es una ley
Por ahora, la medida se encuentra en etapa de propuesta y no cambia las reglas actuales.
“El documento no representa un cambio inmediato en la ley, sino una propuesta regulatoria que inicia un proceso de discusión pública. Todavía existe un período para comentarios y posteriormente el gobierno deberá evaluar esas observaciones antes de decidir si adopta una regla final”, explicó Quiroga.
La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el 4 de agosto de 2026.
Durante ese período, organizaciones, empleadores, expertos y miembros de la comunidad podrán presentar observaciones que el gobierno deberá revisar antes de emitir una decisión definitiva.
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