Tras el final de la moratoria de desalojos ordenada por la Corte Suprema de Justicia, las comunidades latinas y afroamericanas (que están en mayor peligro de desalojo) se ven en la necesidad de solicitar ayuda de programas de apoyo social que ofrecen fondos para el pago del alquiler. Sin embargo, activistas locales advierten que pese a que existen los fondos, el proceso de solicitud para acceder al programa es desconocido para muchas familias; y se hace aún más complejo si se toma en cuenta factores como la barrera del idioma.
La Corte Suprema de Justicia anunció que la moratoria de desalojos, implementada por primera vez en septiembre del 2020 por los CDC para prevenir un incremento en indigencia; y la propagación del coronavirus durante la pandemia, llegó a su final el 26 de agosto.
Comunidades latinas tienen dificultad accediendo ayuda que las pueden salvar del desalojo
La decisión de la Corte ha dejado a miles de personas en Carolina del Norte que dependían de la moratoria de desalojos para no perder sus hogares; sin opciones más que solicitar ayuda de programas locales que provean asistencia monetaria para el pago del alquiler.
Actualmente 23 % de la población en el estado ha fallado en pagar el alquiler de la vivienda aunque sea una vez, según datos del Censo; y 15.8 % de la población está en riesgo de desalojo.
Las comunidades latinas y afroamericanas son las más impactadas nacionalmente por la crisis de la vivienda, de acuerdo a un estudio dirigido por Harvard Joint Centers for Housing Studies, el número de inquilinos latinos y afroamericanos atrasados en el pago de la renta es el doble comparado con la población blanca.
Barreras para acceder a programas de ayuda
Con miles de personas en peligro de desalojos, el gobernador Roy Cooper urgió a principios de mayo que los inquilinos tomen ventaja de las ayudas locales y nacionales que están al alcance, como HOPE y ERA; y en el caso del condado de Forsyth y la ciudad de Winston-Salem, ERAP.
Sin embargo, el proceso de solicitud para recibir ayuda fue descrito por Juan Miranda, organizador ejecutivo del grupo Siembra NC; como “tedioso y desconocido” para muchas familias latinas, sin mencionar que el proceso es largo e inaccesible en algunos casos.
El lenguaje técnico de las solicitudes y la falta de ayuda para navegar el proceso de inscripción sería parte del problema.
“La forma en cómo la información sobre estos programas de asistencia es presentada, se hace inaccesible para la comunidad latina,” explicó Miranda.
“Hicimos una encuesta con miembros de la organización y más de la mitad no sabían que califican para la ayuda, también ha sido difícil comunicarse con los representantes de los diferentes condados”, dijo.
Juan Miranda también menciona que desafortunadamente, muchas de estas oficinas están cortas de personal.
“Un problema recurrente que hemos encontrado es el ponernos en contacto con los oficiales de los condados, y no todas las oficinas tienen a alguien que hable español”, aclaró.
“Por ejemplo, llamamos a la oficina del condado Cabarrus; y nos dijeron que hay una lista de espera de seis meses, lo cual complica la situación de alguien que está en peligro de perder su hogar en una, o dos semanas”, agrega.
La ayuda se procesa lento, los desalojos no
Dan Rose, organizador para Housing Justice; también mencionó que la ayuda está siendo procesada muy despacio en comparación con la necesidad de los inquilinos.
Cuando un propietario archiva los papeles para desalojar a un inquilino, estos toman siete días para llegar a corte.
El condado de Forsyth, por ejemplo, vio un incremento en audiencias de desalojos en las cortes locales cuando la moratoria de desalojos expiró el primer fin de semana de agosto.
“El 2 de agosto hubo un lapso en la renovación de la moratoria de desalojos, y solo ese día se programaron 146 audiencias de desalojo en la Corte de Reclamos Menores en el condado de Forsyth,” explicó Rose; “unos 98 de estos casos fueron ganados por los propietarios, y a favor del desalojo del inquilino”. Esto equivale al 67 %.
Los recursos están disponibles, sin embargo, “la información no es asequible para gran parte de la comunidad latina; y se ha tornado imposible de navegar para los inquilinos”, explica Rose.
Según los activistas, actualmente no se espera una mejora; y las comunidades latinas siguen teniendo dificultad accediendo ayuda que las pueden salvar del desalojo; aunque las organizaciones locales están haciendo lo posible por ayudar a los inquilinos a solicitar la ayuda local; la cantidad de requerimientos como prueba de nacimiento, desanima a muchos solicitantes, porque usualmente deben someter la aplicación más de una vez; o por temor a no tener todos los documentos necesarios para recibir ayuda.
Miranda y Rose aseguraron que si bien los recursos son alcanzables; y la información es accesible por medio de Internet, no es la mejor forma para alcanzar a la comunidad latina.
“Hablando con nuestras comunidades en persona, asegurándonos que sepan que los escuchamos, y que pueden confiar en estas organizaciones, especialmente para las personas indocumentadas; es lo más importante ahora mismo,” explicó Miranda, “la ayuda está (allí), pero ¿de qué sirve si no ayudamos a que los miembros de la comunidad accedan a ella?”