La administración del presidente Trump trajo consigo más de 400 acciones ejecutivas relacionadas con inmigración en estos 4 años. A continuación la cuarta entrega de una serie que analiza algunos de los programas migratorios con mayor impacto en la comunidad inmigrante de Carolina del Norte en general y en la comunidad latina en particular.
Regla de la carga pública
El 12 de agosto del 2019 se dio a conocer la polémica regla que aumenta dramáticamente la capacidad de las autoridades de rechazar la residencia legal o “green card” a inmigrantes que usen programas públicos como las llamadas estampillas de comida, asistencia para la vivienda y Medicaid, porque serían considerados como una carga pública, pese a que por ley estos inmigrantes tienen derecho a estos programas.
La regla define el término carga pública para referirse a una persona que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses, en conjunto, dentro de cualquier período de 36 meses (por ejemplo, si recibe dos beneficios en un mes, esto cuenta como dos meses de haber recibido ayuda).
La regla define además el término beneficio público a los programas: Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la mayoría de las formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda.
“La regla de carga pública que realmente frustra la capacidad de las personas para cuidar adecuadamente a sus hijos y sus familias, particularmente en esta era del COVID donde las personas han perdido su trabajo”, dijo Barbara Weissman, quien enseña en la Escuela de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
260,000 niños afectados
El Centro de Defensa Legal de Charlotte notó un aumento en las llamadas de clientes inmigrantes pidiendo cancelar sus solicitudes ciudadanía o tarjeta residencia, e incluso evitan la asistencia médica para COVID-19 debido a la regla de carga pública.
Elizabeth García es la coordinadora médica legal del centro. Dice que la pandemia y la regla de la carga pública causaron un efecto paralizador en la comunidad inmigrante. Por eso, el centro inició un programa para explicar a la comunidad cómo funciona realmente la carga pública para evitar el miedo y la desinformación.
"Queremos que las personas indocumentadas entiendan que la mayoría no les afecta la regla", dijo García. "Personas como los refugiados, los asilados, aquellos con visa para sobrevivientes de tráfico y abuso sexual o doméstico, así como otras visas humanitarias."
García también explicó que varios programas de ayuda no cuentan al momento de la prueba de la carga pública, como el programa WIC para mujeres, bebés y niños, los bancos de comida o los programas de asistencia para comidas escolares gratis o a precio reducido.
Se estima que 260,000 niños en todo el país fueron desafiliados de programas de nutrición y atención médica, concluyó la organización de investigación sin fines de lucro Ideas42 en un informe publicado en octubre.
“Estos resultados sugieren que el anuncio de la regla de la carga pública de la administración Trump podría haber llevado a que muchos miles de niños elegibles de bajos recursos no recibieran apoyo de la red de seguridad durante una grave crisis económica y de salud”, afirma el informe.
Batalla legal y confusión
Un tribunal federal falló en contra de la regla de la carga pública de la administración Trump el 2 de diciembre, pero la batalla legal sobre este tema está lejos de concluir.
Si bien el gobierno federal ha argumentado que el propósito de los cambios a las normas de admisibilidad buscaban promover la autosuficiencia de los inmigrantes, un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que brindar acceso a la atención médica, la nutrición y los beneficios de vivienda complementaria es “consistente precisamente con ese propósito”.
El Noveno Circuito argumentó que los cambios hechos a la regla de la carga pública son demasiado restrictivos.
“En otras palabras, una madre soltera con niños pequeños que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) prevé que participarán en tres de esos programas durante cuatro meses no podría obtener una tarjeta verde”, afirma el fallo.
Los inmigrantes que se dieron de baja de los programas federales de asistencia pública están creando una tensión en los programas estatales y locales, también argumentaron los demandantes, y el panel estuvo de acuerdo.
Si bien la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito bloquea la regla en 15 regiones del oeste, una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito permitió al gobierno federal continuar aplicando la regla tal como está en estados como Indiana y Wisconsin mientras el litigio legal continúa.
Estas dos decisiones judiciales opuestas, pueden dar paso a que la Administración Trump apela esa decisión o llevarla a la Corte Suprema, sin embargo el presidente electo Joe Biden ha manifestado que no apoyará la regla de la carga pública durante su gobierno.