La Cámara de Representantes de Carolina del Norte votó el 24 de junio, para anular el veto del gobernador Josh Stein y convertir en ley la controvertida iniciativa SB-153, considerada por activistas como antiinmigrante, pues ampliará la colaboración entre agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La votación terminó con 71 votos a favor y 47 en contra, permitiendo que el proyecto continúe su implementación.
¿Qué establece la ley SB-153?
La legislación, conocida como North Carolina Border Protection Act, obliga a varias agencias estatales a firmar acuerdos de cooperación con ICE bajo el programa federal conocido como 287(g).
Entre las agencias incluidas están:
- Departamento de Seguridad Pública.
- Departamento de Correccionales.
- Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte.
- Oficina Estatal de Investigaciones (SBI).
Los oficiales designados recibirán capacitación federal y podrán desempeñar determinadas funciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias bajo supervisión de ICE.
Verificación de estatus migratorio
La nueva ley considerada antiinmigrante por activistas,requiere que las agencias participantes intenten determinar si las personas bajo su custodia son ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Cuando los funcionarios no puedan verificar el estatus migratorio mediante entrevistas o documentos, deberán consultar con ICE.
Si se determina que una persona no tiene estatus legal, la agencia deberá compartir información solicitada por las autoridades federales de inmigración.
Cambios en beneficios públicos
La ley también ordena a diversas agencias estatales revisar programas financiados por el estado para impedir que personas que se encuentren en el país sin autorización legal reciban determinados beneficios públicos, en la medida permitida por la ley federal.
Entre los programas sujetos a revisión se encuentran:
- Medicaid.
- Asistencia para vivienda.
- Subsidios para cuidado infantil.
- Ayudas energéticas.
- Programas de asistencia económica estatal.
Las agencias deberán desarrollar mecanismos para verificar el estatus migratorio de solicitantes que no sean ciudadanos estadounidenses.
Impacto en vivienda y universidades
La legislación también exige que agencias de vivienda pública revisen los requisitos de elegibilidad para programas financiados con fondos públicos.
Además, prohíbe que las universidades públicas del sistema UNC adopten políticas que limiten la aplicación de las leyes federales de inmigración dentro de los límites permitidos por la ley.
Ciudades y condados “santuario”
Otro aspecto importante de la SB-153 establece que ciudades o condados que adopten políticas consideradas de tipo “santuario” podrían perder ciertas protecciones legales y enfrentar demandas civiles si una persona indocumentada comete determinados delitos dentro de su jurisdicción.
Críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes
Tras la votación, la organización El Pueblo, que promueve los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte, condenó la medida.
“SB-153 es un descarado ataque antiinmigrante con motivaciones meramente políticas”, señaló la organización en un comunicado.
El grupo sostiene que la ley podría aumentar el temor entre las comunidades inmigrantes y reducir la disposición de las personas a denunciar delitos o cooperar con las autoridades.
Según El Pueblo, experiencias anteriores de colaboración entre agencias locales e ICE han generado preocupación y aislamiento entre familias inmigrantes.
Argumentos de los promotores de la ley
Los legisladores que apoyaron la medida afirman que la SB-153 busca fortalecer la cooperación con el gobierno federal, mejorar el cumplimiento de las leyes migratorias y garantizar que los beneficios financiados por los contribuyentes sean administrados conforme a los requisitos legales vigentes.
El texto legislativo también señala que los estados y gobiernos locales tienen un papel importante en la aplicación de las leyes y en la protección de la seguridad pública.
¿Cuándo entra en vigor?
Las disposiciones relacionadas con la cooperación entre agencias estatales e ICE entrarán en vigor una vez promulgada la ley.
Posteriormente, las distintas agencias deberán desarrollar políticas internas, firmar acuerdos federales y presentar informes sobre su implementación.