La Corte Suprema aprobó el 7 de abril la reanudación de las deportaciones rápidas de inmigrantes, sin el debido proceso judicial, que el gobierno de Donald Trump ha identificado como miembros de la banda Tren de Aragua. Se usa una autoridad rara vez invocada en tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Con esta decisión, la Corte Suprema anuló la orden de un juez federal que había bloqueado la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana a El Salvador, sin que su caso sea escuchado por un juez, sin una sentencia o sin descargo de pruebas.
La decisión de la Corte Suprema
El fallo de 5 a 4 del máximo tribunal del país básicamente allana el camino para que la administración Trump reanude las deportaciones bajo esta ley, sin un proceso judicial completo.
La Juez Amy Coney Barrett se unió a los tres jueces liberales para criticar la decisión. Sin embargo, la corte acordó que los inmigrantes afectados deberán ser notificados de su posible deportación y tendrán la oportunidad de impugnarla.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite al presidente deportar a cualquier persona que sea identificada como un miembro de una organización extranjera hostil, y se ha utilizado solo en casos extremadamente limitados. En este caso, Trump invocó esta ley para deportar a los miembros del Tren de Aragua.
Sin embargo, los abogados defensores argumentaron que esta ley no estaba diseñada para deportar a delincuentes comunes. Agregaron que podría sentar un peligroso precedente para deportaciones masivas basadas en acusaciones sin pruebas.
El fallo de la Corte Suprema no es definitivo, ya que los inmigrantes todavía tienen la opción de impugnar la deportación en el lugar de su detención. La decisión ha causado un fuerte desacuerdo entre los jueces. La Juez Sonia Sotomayor criticando la postura del gobierno y advirtiendo sobre los riesgos a la ley y la democracia.
Impacto para los inmigrantes
Más de 130 inmigrantes ya han sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Es un centro penitenciario de máxima seguridad, conocido por su brutalidad, ubicado en Tecoluca, El Salvador, donde enfrentan condiciones inhumanas. Los abogados aseguran que sin la orden de restricción temporal (TRO), estos inmigrantes sufrirán daños irreparables.
Aunque la Corte Suprema permitió que se reanudaran las deportaciones, el futuro de los inmigrantes sigue siendo incierto. El caso podría volver a los tribunales.