Recientes estadísticas revelan lo que para muchos latinos es una dolorosa realidad: La Corte de Inmigración de Carolina del Norte, ubicada en Charlotte, es hostil contra los inmigrantes. ¿A qué se debe esto?
Una reciente revelación de La Noticia, con base en datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York, dio a conocer que este tribunal tiene el porcentaje más elevado en procedimientos de deportación entre las cortes migratorias del país.
Hasta octubre del 2022, un 83.7 % de los casos migratorios litigados en esta corte recibieron una orden de deportación. Le sigue Nuevo México con 80 %. Considere que Nuevo México es un estado fronterizo, Carolina del Norte no.
En busca de entender este fenómeno, y luego de hablar con abogados especializados en inmigración (como Jordan Forsyth), usuarios, y analizando el registro histórico de este tribunal, sobresalen varios factores: la falta de representación legal de los inmigrantes que acuden allí, muchos no recibieron la notificación de que se debían presentar en la corte, una elevada acumulación de casos y el prejuicio marcado de ciertos jueces. Analizaremos estos dos últimos factores.
Casos acumulados y prejuicios en la Corte de Inmigración
En la Corte de Inmigración de Carolina del Norte el nuevo año fiscal inició con un récord: casi 69,000 casos pendientes. El tiempo de espera promedio para que un caso sea atendido en este tribunal bordea los dos años.
Esta acumulación de casos plantea una pregunta preocupante: ¿La media docena de jueces migratorios de Carolina del Norte realmente se toman el tiempo para revisar minuciosamente las evidencias presentadas en cada caso? Las cifras parecen indicar que no.
Por poner un ejemplo, todos los jueces de la Corte de Inmigración de Carolina del Norte sobrepasan el promedio nacional de negaciones de casos de asilo, según TRAC, siendo los más rígidos: George Riggs, Stuart Couch, Amy Lee, y Barry Pettinato.
De hecho, el juez Riggs tiene la cuarta taza de negación más alta del país. Mientras que a nivel nacional, el promedio de negación de casos de asilo es del 65 %, de acuerdo con TRAC, el juez Riggs ostenta la absurda cifra de 97.7 % de negaciones. ¿Será que por pura coincidencia le llegan al juez Riggs los casos con menos pruebas? ¿O será que este funcionario tiene un claro prejuicio contra los solicitantes de asilo?
A lo largo de los años, varios de los jueces que forman parte de esta corte migratoria fueron demandados por organizaciones sociales y abogados, debido a su severidad en el manejo de los casos o por no brindar los recursos legales a los que podría aspirar un inmigrante, sin embargo, poco o nada ha cambiado con estas demandas.
¿Qué se puede hacer al respecto?
Aunque son llamadas “cortes” y sus funcionarios “jueces”, estas dependencias de inmigración no forman parte del Sistema Judicial, sino de un programa especial dirigido por la Casa Blanca.
Es evidente que estos oficiales de inmigración, que fungen las funciones de jueces, no se dan abasto. También es notorio que son escasas las oportunidades en las que tienen que rendir cuentas. Esto debe cambiar.
Es impostergable una reforma migratoria, nuestras leyes en este tema están caducas y el sistema quebrantado. Las cortes de inmigración deben modernizarse, cortar sus lazos políticos e integrarse al Poder Legislativo.
Hoy, la acumulación de casos, la falta de personal y el prejuicio hacen que en muchas ocasiones estos jueces tomen decisiones apresuradas. Esto es simplemente cruel. Recordemos que un caso migratorio no es un número que tachar en una lista, es la vida de una persona y la de su familia lo que está en juego.
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