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La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dio a conocer el 14 de marzo un informe en donde señala que el gobierno federal busca inflar el número de los indocumentados que deporta, haciendo uso de estrategias dirigidas fundamentalmente en contra de inmigrantes vulnerables, sin cargos criminales.

El informe señala que la administración del presidente Donald Trump está “utilizando métodos duros e indiscriminados para deportar a miles de familias, solicitantes de asilo y personas que han vivido y trabajado durante años en Estados Unidos”.

El informe cita numerosos casos de familias y comunidades afectadas por estas prácticas, que “muestran una imagen clara del caos y el temor que estas políticas han engendrado”, agregó Annaluisa Padilla, presidenta de AILA.

La abogada indicó que estas políticas no son inteligentes, no son razonables, y están perjudicando a las familias, los negocios y las comunidades estadounidenses.

Según cifras entregadas a La Noticia por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la sede de Atlanta, que abarca Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ocupa el segundo lugar en todo el país con más inmigrantes arrestados sin cargos criminales en el último trimestre del año pasado.

Unos 3,935 indocumentados fueron arrestados entre octubre y diciembre del 2017, de ellos 1,592 (40 %) no tenían cargos criminales.

Tristemente esta tendencia de perseguir a inmigrantes sin antecedentes delictivos, podría agravarse si el Congreso aprueba las nuevas políticas migratorias que el gobierno de Trump pretende implementar, las cuales están incluidas en solicitudes presupuestarias, entre ellas: planes para aumentar 52,000 camas en cárceles de inmigración, contratar 2,000 agentes adicionales para ICE, además de 750 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, así como $16,000 millones de para la construcción de un muro en la frontera sur.

“Si (los congresistas) aceptan las demandas del presidente, serán cómplices en su plan de deportaciones masivas”, dijo por su parte Kate Voigt, directora Asociada de Relaciones Gubernamentales de AILA y editora del informe.

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones: nadie se opone a la captura, proceso y deportación de criminales. Jamás defenderemos la legalización de inmigrantes que representan un peligro para la sociedad. Apoyamos el trabajo de las autoridades para sacar a estos malos elementos de nuestra comunidad. Lo que nunca apoyaremos es que se malgasten millones de dólares de las arcas fiscales, que se desperdicie el tiempo y entrenamiento de miles de agentes del cumplimiento de la ley, en una campaña de terror impulsada por el gobierno, con la única finalidad de obtener un beneficio electoral.

Trump y su banda de secuaces están usando el dinero de todos en tácticas y operativos que no hacen nuestras comunidades más seguras o prósperas, sino que se está despilfarrando nuestros impuestos para perseguir a inmigrantes vulnerables, y a través de su dolor calmar los nervios de su base ultraconservadora de votantes. Esto es un acto descarado de cruel corrupción, la historia pedirá cuentas a los gestores de esta infamia.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com

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