La administración Trump anunció un alto de cuatro meses en los procedimientos de desalojo contra los inquilinos el martes 1ro de septiembre, por preocupación de que una crisis nacional de falta de vivienda podría empeorar el brote de coronavirus del país.
La nueva moratoria ayudará a las familias que experimentan dificultades financieras como resultado de la pandemia, con el objetivo de llegar a hasta 40 millones de estadounidenses que ya están luchando para pagar sus costos mensuales de vivienda.
La moratoria ‘retrasa pero no impide los desalojos’
Pero la moratoria, que fue emitida bajo la bandera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), no proporciona lo que algunos legisladores demócratas y expertos en vivienda dicen que es necesario.
La administración Trump no reservó dinero federal para inquilinos, que eventualmente tendrán que pagar cuentas vencidos, o para propietarios, que podrían enfrentar sus propias luchas financieras.
"Esta acción retrasa pero no impide los desalojos", dijo Diane Yentel, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. "El Congreso y la Casa Blanca deben volver a trabajar en negociaciones para promulgar un proyecto de ley de socorro COVID-19 con al menos $100 mil millones en asistencia de alquiler de emergencia".
Los legisladores incluyeron una moratoria federal del desalojo de 120 días como parte de la Ley de CARES que aprobaron en marzo. Sin embargo, la moratoria del desalojo expiró a finales de julio, junto con otros programas, incluidos los pagos de desempleo ampliados del gobierno, creando las condiciones para lo que algunos expertos describieron como una crisis masiva de vivienda.
Muchos estados aplican sus propias políticas para proteger a los propietarios de viviendas y a los inquilinos del desalojo. Hasta el martes, sólo 17 estados y el Distrito de Columbia todavía tienen protecciones de desalojo para inquilinos, según el Washington Post. Ni Carolina del Norte ni del Sur son uno de ellos.
Las políticas de la nueva moratoria
La nueva política se aplica a los ciudadanos que ganan menos de $99,000 cada año o a las parejas que ganan $198,000, incluyendo a aquellos que previamente habían recibido pagos de estímulo económico bajo la Ley CARES.
Estas familias deben demostrar que intentaron pagar su alquiler y aprovechar la ayuda federal para ser elegibles para la nueva moratoria del desalojo.
Sin embargo, no renuncia a ninguna deuda que las familias puedan tener en ese período, y permite a los propietarios cobrar "honorarios, sanciones o intereses como resultado de la falta de pago del alquiler u otro pago de la vivienda en forma oportuna", según un borrador de documento publicado el martes.
Last night's #EvictionMoratorium is a band aid, not a solution. It's unrealistic to think that low-income households will be able to pay back the rent they will still owe, putting them at risk of eviction at Christmas time.
— Center on Budget (@CenterOnBudget) September 2, 2020
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"La #EvictionMoratorium de anoche es una ayuda de vendaje, no una solución. No es realista pensar que los hogares de bajos ingresos podrán devolver el alquiler que aún deben, poniéndolos en riesgo de desalojo en Navidad", tuiteó Peggy Baily, Directora de Políticas de Salud y Vivienda de los Centros de Presupuesto.
Los propietarios podrían incluso seguir persiguiendo desalojos en algunos casos, incluso si tienen preocupaciones de salud pública propias. Algunos propietarios expresaron serias dudas sobre las acciones de la administración Trump, temiendo que pudieran verse enfrentados a riesgos financieros como resultado.