Dos demandas federales que se originaron en Carolina del Norte podrían tener implicaciones nacionales para las víctimas inmigrantes de delitos. Los retrasos en el procesamiento de visas significan que las víctimas deben esperar años para acceder a las protecciones de inmigración que necesitan para ayudar en las investigaciones criminales. Los defensores legales dicen que esas demoras violan la ley.
Hace más de 20 años, el Congreso estableció la visa U, un estatus diseñado para los no ciudadanos que fueron víctimas de un delito grave, como la trata de personas o la violencia doméstica, mientras se encontraban en Estados Unidos.
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El objetivo principal del programa es ayudar en las investigaciones policiales al permitir que las víctimas cooperativas permanezcan y trabajen en Estados Unidos.
Pero solo 10,000 víctimas pueden calificar anualmente, y desde hace años, ese límite se alcanza fácilmente, explicó Anna Cushman, abogada de Legal Aid of North Carolina y el Proyecto de Inmigrantes Abusados.
“Creo que demuestra que este es un programa exitoso. El Congreso ha creado algo que es increíblemente útil para la aplicación de la ley, honra nuestros valores humanitarios como país y ayuda a las víctimas inmigrantes de delitos”, dijo Cushman.
Ese éxito también ha significado una acumulación sustancial de solicitudes de visa U, lo que se traduce en períodos de espera que van de cuatro a siete años en muchos casos.
“Tuve la muerte de un cliente mientras su caso estaba pendiente”, dijo Cushman. “Si pensamos en todas las cosas que suceden en cinco años, si alguno de nosotros piensa en dónde estábamos hace cinco años, se sentirá como una era diferente”.
Demoras irrazonables en la visa U
A fines del 2021, más de 170,000 solicitudes de visa U estaban pendientes en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por su sigla en inglés).
Legal Aid of North Carolina, North Carolina Justice Center y Charlotte Center for Legal Advocacy ahora están demandando al USCIS por esos retrasos en Nebraska y Vermont, donde se procesan las visas U.
Si bien las demandas no pueden abordar el límite anual establecido por el Congreso, Cushman dijo que pueden impulsar un tema llamado: determinación de buena fe. Ese es un paso que viene antes de que se tome una decisión de visa U. Significa que un solicitante pasa una verificación de antecedentes penales, y que presentó correctamente una solicitud de visa completa.
“Este proceso de determinación de buena fe aún es increíblemente lento y está a años de distancia”, dijo Cushman. “No requiere una cantidad increíble de tiempo o recursos por parte del gobierno para asegurarse de que hayan presentado los formularios adecuados. Esa verificación de antecedentes regresa con bastante rapidez. Un funcionario del gobierno lo confirmó en otro caso”.
Con una determinación de buena fe, los solicitantes obtienen acceso a un permiso de trabajo, pueden solicitar una licencia de conducir de Carolina del Norte y están protegidos contra la deportación. También puede significar reunirse con miembros de la familia inmediata.
El litigio argumenta que las demoras irrazonables para llegar a este paso violan la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act).
“Todavía no tenemos una solución a estos increíbles retrasos. Y eso tiene un impacto increíble en los sobrevivientes inmigrantes”, dijo Cushman. “Cuando piensas en cómo tienen facturas que pagar hoy, necesitan llevar a sus hijos a la escuela hoy, esperar cinco años para obtener esos beneficios que les permitirían trabajar y mantener a su familia, eso no es razonable. Y ese es el centro de nuestro caso”.
Miedo a presentarse
Una de las solicitantes de la visa U representada en el litigio es María, cuyo nombre completo no se revela por razones de seguridad. Su familia presentó solicitudes de visa U a través del Charlotte Center for Legal Advocacy a mediados del 2017, después de que su hija adolescente fuera víctima de un delito violento.
“Yo tenía mucho miedo de reportar porque dije: ¿yo qué voy a hacer?, ¿quién me va a apoyar? Caen muchas cosas por el hecho de uno ser un indocumentado. Sé que muchos somos, pero a la vez nadie reporta. Todos nos quedamos callados”, aseguró María.
“Cuando uno llama a la policía, le preguntan si uno es latino... y lo primero que le preguntan ellos a uno es si uno tiene papeles”.
Ahora María sabe sus derechos y entiende el programa de visa U porque encontró a una abogada pro bono, Ruth Santana, en el Charlotte Center for Legal Advocacy.
Pero la espera de casi seis años ha significado sobrevivir sin permiso de trabajo y sin licencia de conducir. La situación ha dejado a la familia vulnerable a la explotación.
“Las personas a veces no le pagan a uno. Lo primero que le dicen es te voy a echar a migración porque no tienes un permiso de trabajo”, dijo María.
Historias como la de María pueden tener un efecto negativo en los objetivos del programa de visa U, explicó Sharon Dove, directora del Programa de Justicia para Inmigrantes del Charlotte Center for Legal Advocacy.
“Si la inmigrante que es víctima de un delito no siente que va a estar protegida cuando presenta su evidencia a la policía”, dijo Dove. “Entonces, es muy probable que la víctima inmigrante no esté dispuesta a cooperar y su perpetrador va a estar libre en la comunidad. Y, por supuesto, eso es algo que todos tenemos interés en evitar”, agregó
Si tiene éxito, el litigio no influirá en los resultados de las solicitudes de visa U. Pero Dove espera que brinde las protecciones que necesitan los solicitantes.
“Simplemente, queremos que estas personas tengan autorización de trabajo y que no estén sujetas a deportación, que tengan acción diferida”, dijo Dove.
Se espera una respuesta de USCIS a las demandas de Nebraska y Vermont en las próximas semanas.
Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.