Raleigh- La orden ejecutiva “Mejorar la seguridad pública al interior de Estados Unidos” firmada por el presidente Donald Trump el 25 de enero, que busca que las agencias federales compartan información entre sí, no sería tan fácil de aplicar ya que se enfrentaría a las leyes federales actuales.
La Sección 14 de esta orden ejecutiva, determina que “las agencias de gobierno deberán asegurar que sus políticas de privacidad excluyan a las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos” es decir que no se proteja la privacidad de los inmigrantes, y compartan su información agencias federales como el Servicio de Rentas Internas (IRS), el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) o el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Sin embargo, que las agencias compartan esa información dependerá si las leyes de privacidad actuales en cada entidad son un mandato del Congreso o si fueron establecidas por las mismas agencias.
“Una orden ejecutiva no tiene el poder de cambiar las leyes aprobadas por el Congreso”, explicó a La Noticia, Kate Woomer Deters, abogada del Centro de Justicia de Carolina del Norte. “La información médica, por ejemplo, está protegida por una ley federal. Ahora, si la privacidad de estas agencias ha sido establecida de manera administrativa, entonces podría haber un impacto. De lo contrario no”.
No obstante, y al ser el lenguaje de esta orden ejecutiva tan amplio, los especialistas en el tema están trabajando en esclarecer cómo afectaría puntualmente a las diferentes entidades federales.