La administración de Donald Trump ordenó el 21 de marzo el recorte y la terminación inmediata de los programas que ofrecen ayuda legal a inmigrantes menores no acompañados. Esto deja a miles de niños y adolescentes expuestos a grandes desafíos, incluyendo la deportación y el viaje de retorno a países de los cuales algunos escaparon víctimas de otros delitos.
En Charlotte, La Noticia conversó con miembros del Centro de Apoyo Legal de Charlotte, quienes explicaron que, debido a esta decisión, su Programa de Justicia para Inmigrantes enfrentará un recorte de $900,000 en financiamiento. Esto afectaría a más de 300 casos activos, que incluyen a menores de entre 1 y 17 años de edad.
De la frontera a Charlotte, ¿qué desafíos enfrentan estos menores?
La travesía de los menores no acompañados que cruzan la frontera está marcada por historias desgarradoras de niños y adolescentes que dejan atrás sus hogares y su vida anterior, en búsqueda de oportunidades. Y para lograrlo enfrentan condiciones extremas, abusos, violencia, crimen organizado, separación familiar y un futuro incierto. Al emigrar sin sus padres, o cuidadores legales, son considerados “no acompañados” y pasan a custodia gubernamental.
“Luego de que el Departamento de Inmigración investiga y se asegura de verificar que se trata de un menor de edad, son asistidos por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). Ellos se encargan de buscarles recursos a estos menores para que puedan vivir con un patrocinador. Puede ser un familiar o un amigo y es el responsable del niño. Se trata de una persona que ya pasó por toda una serie de verificación de antecedentes para asegurarse de que estuviera en un lugar apropiado y apto para el niño”, describió la abogada Ruth Santana, del Centro de Apoyo Legal de Charlotte.
Hasta más de $10,000 puede costar una representación legal
Explica la abogada que este patrocinador es el responsable de informar al menor y ayudarlo para que se presente ante la Corte de Inmigración y la labor de organizaciones como el Centro de Apoyo Legal de Charlotte es asistir y representar al menor de edad durante el proceso e investigar a qué otros alivios migratorios podría calificar.
“Los acompañamos a las cortes, a las citas individuales y a vamos con ellos, incluso a otros estados cuando se tienen que presentar, por ejemplo, en la oficina de inmigración en Virginia. Entonces usamos esos fondos para realizar esta representación plena y cubrimos el transporte y la estadía, cuando es en otros estados. Ahora estamos limitados y solamente podemos hacer el asesoramiento para que conozcan sus derechos. Así que estas familias tendrán la responsabilidad de buscar a una persona, como un abogado privado, para representar a ese niño ante inmigración”, dijo.
Esto debido a que a diferencia de las cortes criminales, en la corte de inmigración no está garantizado el derecho a recibir un abogado gratuito. Cubrir este tipo de gastos puede llegar a costar hasta más de $10,000 dólares.
Con la terminación del contrato entre la administración de Trump y el Centro Acacia para la Justicia, la red de proveedores legales dejaría de recibir fondos del gobierno federal, lo que incluye al Centro de Apoyo Legal de Charlotte, que tenía previsto recibir $900,000 el 1.º de abril. Sin embargo, el contrato para recibir este financiamiento fue cancelado el 21 de marzo, con efecto inmediato. Esta decisión deja a más de 300 niños sin el apoyo legal necesario.
“Son casos que generan traumas bastantes fuertes”
“La mayor parte de ellos entraron porque estaban abandonados o estuvieron abandonados por sus padres en su país natal o fueron víctimas de algún tipo de abuso, violencia doméstica, extorsión, violencia intrafamiliar y cosas así. Vinieron buscando una vida mejor o por lo menos un lugar seguro”, dijo Santana.
En el 2024, La Noticia trabajó en una serie sobre el impacto de la inmigración en menores no acompañados. Esto fue lo que dijeron dos trabajadores sociales que atienden casos de Charlotte y sus alrededores.
“En algunos casos, la inseguridad, la pobreza y la falta de recursos lleva a las familias a emigrar. Muchos de nuestros niños han sido testigos de la violencia de pandillas en su ciudad o pueblo de origen y han visto a familiares y vecinos ser asesinados… O simplemente la pobreza no les permite tener acceso a servicios básicos como la educación, en especial en poblaciones indígenas, donde no hay escuelas cercanas o no pueden estudiar porque deben trabajar y ayudar a los padres a poner comida en la mesa”, contó a La Noticia un trabajador social sobre la realidad de estos menores.
Otro trabajador social de Charlotte, cuyo nombre se reserva por protección, añadió:
“Hemos escuchado de niños que venían pasando el río y vieron cómo a un familiar se los llevó el río. O niños que han visto cadáveres en descomposición en el camino o que han sido abusados o sufren de intentos de abuso en el camino. Son casos que generan traumas bastantes fuertes y les causan miedo. También niños que tienen miedo de inmigración por cosas que les han dicho otras personas”.
Santana comparte que, gracias a este programa de apoyo, algunos de los menores que fueron atendidos en el pasado y eran víctimas de violencia, hoy ocupan puestos en áreas como las Fuerzas Armadas, los servicios de salud y otros sectores.
“El hecho es que a través de estos fondos se le podía abrir las puertas a estos jóvenes que en su país natal posiblemente no iban a tener esa misma oportunidad porque venían de circunstancias adversas”, indicó.
¿Qué pasará con el futuro de estos menores?
“El impacto más grande es que si alguien va a la corte sin un abogado o sin representación legal, el juez es está más apto de firmar una orden de deportación o darle la oportunidad a la persona de irse del país con una salida voluntaria. Y si a un adulto el estar allí ante la corte de inmigración se le va a ser difícil tratar de entender de qué se trata, imagínate un niño. Ya que la corte está obligada a proveer un intérprete y ya. La realidad es que van a tener que aún ir a corte y un niño, aunque tenga un año de edad, tiene que estar presente en la Corte de Inmigración. Y es posible que, en el caso de los niños, digan que porque van a pensar ‘no quiero que el juez se enoje conmigo’”, lamentó.
Actualmente, el Centro de Apoyo Legal de Charlotte, continúa buscando soluciones, pero sin el apoyo adecuado, los menores no acompañados seguirán enfrentando barreras insuperables en su búsqueda por un futuro seguro. Lamentablemente, no se trata de un caso aislado, sino de un problema que afectará a más de 26,000 menores, según el Centro Acacia para la Justicia.
Por eso, además de buscar donaciones para cubrir los gastos de estos 300 casos activos, instan a la comunidad a conocer sus derechos y escribir cartas a congresistas, senadores y alcaldes sobre la importancia de apoyar a estos menores no acompañados.
“Dejándole saber a todas las personas que tengan una posición política que esto es algo serio y que se pongan en el lugar del niño y revisen esto, que cambien de opinión y permitan a los menores tener una representación legal”, cerró.
Para donar a esta causa, visita el siguiente enlace.