La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia (DOJ) emitió el 11 de abril nuevas directrices que alteran el proceso para los solicitantes de asilo. Según estas instrucciones, los jueces de inmigración deben acelerar las revisiones de los casos, lo que, según expertos legales, podría vulnerar los derechos procesales de los solicitantes.
La directriz, firmada por la directora interina de EOIR, Sirce Owen, instruye a los jueces a tomar “todas las medidas apropiadas para resolver de inmediato los casos que no tengan vías legales viables de alivio o protección contra la deportación”.
Esta medida permitiría que los jueces desestimen casos de asilo sin darles a los solicitantes la oportunidad de demostrar la validez de sus peticiones.
Owen justificó esta nueva orden al señalar la acumulación de casos pendientes en las cortes de inmigración. Si bien todos coinciden en que la acumulación es un problema, los expertos consideran que esta medida podría ser un intento de imponer aún más barreras al proceso de inmigración. A principios de este año, la administración Trump despidió a unos 20 jueces de inmigración a pesar de la creciente carga de trabajo.
El impacto de la nueva política
La medida podría afectar directamente a aquellos que buscan asilo, al impedirles que presenten sus casos de manera justa. Según la abogada Shayna Kessler, esta directriz no tiene que ver con la eficiencia del sistema, sino con cerrar el acceso a la corte para aquellos con derecho a buscar asilo.
“Esto forma parte de un esfuerzo más amplio y coordinado para erosionar el derecho al debido proceso y acelerar las deportaciones. Estos esfuerzos separarán a las familias y conducirán a las personas a detenciones costosas e inhumanas sin posibilidad de defenderse”, dijo Kessler, directora de la iniciativa Advancing Universal Representation en el Vera Institute of Justice.
A su vez, Nicole Melaku, directora ejecutiva de la National Partnership for New Americans, criticó duramente la medida, afirmando que no se trata de abordar la acumulación de casos, sino de negar el acceso a un debido proceso a aquellos con derecho a solicitar asilo bajo la ley internacional.
“Los incesantes ataques contra los inmigrantes y sus familias durante los últimos tres meses, junto con este último intento de obligar a los jueces de inmigración a acatar la ilegalidad de Trump, son vergonzosos. Sin acceso al debido proceso, el presidente pretende garantizar que ya no vivamos en una democracia, sino bajo un régimen autoritario”, agregó Melaku.
El desajuste de fondos y su impacto
El gobierno gastó el año fiscal pasado casi tres veces más en la detención de inmigrantes que en el sistema completo de adjudicación de casos de remoción y reclamaciones humanitarias. Como resultado de este desajuste en la asignación de fondos, la acumulación de casos en los tribunales de inmigración ha aumentado cada año desde el 2007.
Este problema podría empeorar si el Congreso sigue adelante con planes presupuestarios que destinen miles de millones de dólares para expandir masivamente la detención y deportación.
Los expertos coinciden en que la solución a la acumulación no pasa por recortar derechos fundamentales, sino por una inversión significativa en el sistema de adjudicación de inmigración.
“El retraso en las cortes de inmigración es un problema real, pero no es la solución. Para abordar eficazmente el retraso y defender el derecho al debido proceso, el Congreso debe invertir en el sistema de arbitraje migratorio, brindar representación legal a quienes lo transitan y crear un camino sólido hacia la ciudadanía para quienes consideran este país su hogar”, concluyó Kessler.