La reforma migratoria sufrió un duro golpe la noche del 19 de septiembre, cuando fue rechazado el mecanismo legal por el que se buscaba aprobar varios proyectos de ley en el Senado para legalizar a indocumentados. ¿Queda alguna esperanza para ocho millones de inmigrantes?
La responsable del proceso parlamentario del Senado, Elizabeth MacDonough, declaró ilegal la inclusión de tres proyectos de ley a favor de la legalización de los jóvenes con Acción Diferida (DACA), de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y de trabajadores esenciales (como los trabajadores agrícolas), dentro del proceso de aprobación del presupuesto conocido como “reconciliación”.
¿Por qué agoniza la reforma migratoria?
Hagamos una breve revisión sobre cómo funciona el proceso legislativo. Actualmente, el Senado tiene 50 senadores demócratas y 50 republicanos. Para que se apruebe una ley allí se necesitan 60 votos, está por demás decir que los legisladores republicanos no apoyan estos proyectos de reforma migratoria. ¿Qué hacer?
Los senadores demócratas decidieron no introducir estos proyectos migratorios por la vía tradicional, sino incluirlos dentro de un mega proyecto presupuestario de $3.5 billones ("trillion" en inglés), para evadir la falta de respaldo republicano.
El problema: la parlamentaria MacDonough no le dio paso y, dijo que esta reforma era “un cambio de política que supera sustancialmente el impacto presupuestario”, ya que cambiaría el estatus migratorio de ocho millones de personas. También dijo que aumentaría el déficit en $140,000 millones en 10 años.
Graves errores y muchos responsables
MacDonough está equivocada. Múltiples estudios revelan que la legalización de los indocumentados a largo plazo generaría un impacto económico positivo para el país, tanto en impuestos, como poder de consumo, así como en la creación de nuevas empresas y generación de empleo.
Por ejemplo, un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores esenciales indocumentados y a los beneficiarios de DACA aumentaría el Producto Interno Bruto (PIB) del país en $1.5 billones ("trillion" en inglés) en 10 años. Además, crearía más de 400,000 nuevos empleos, según un estudio de la Universidad de California Davis.
La reforma migratoria cuenta con amplio respaldo popular. Encuesta tras encuesta ha demostrado que la mayoría de estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados. Pese a esto, los legisladores republicanos ha preferido dar la espalda a millones de familias, motivados por el miedo a su minúscula, pero ruidosa base ultraconservadora.
Varios grupos, como la American Business Immigration Coalition (ABIC), decidieron presionar desde principios de año este esfuerzo legislativo trabajando constantemente.
Tristemente, otras organizaciones sociales se durmieron en sus laureles y no ejercieron a tiempo la presión; o se limitaron a actos simbólicos, que se ven bonitos en las redes sociales, pero que no tienen un impacto real.
¿Cuándo se legalizará a los indocumentados?
La pandemia del COVID-19 demostró la enorme importancia de los inmigrantes como trabajadores esenciales para mantener a flote nuestra economía. ¿Les daremos ahora la espalda?
Muchos argumentan que el gran influjo de inmigrantes en la frontera en los últimos meses desestabiliza un clima político favorable para la reforma.
Por décadas, Estados Unidos se ha beneficiado de la materia prima proveniente de países latinoamericanos. Durante la Guerra Fría, múltiples dictaduras recibieron financiamiento estadounidense, generando devastadoras y prolongadas consecuencias. ¿No es hora de que la nación más rica del planeta haga algo significativo por mejorar las condiciones de vida de lugares como Centroamérica?
Los votantes debemos presionar a los legisladores para que no queden en el abandono millones de inmigrantes que han contribuido con el crecimiento de esta nación. Quienes creemos en la importancia de la justicia social, no podemos bajar los brazos.
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