Charlotte - Algunos inmigrantes residentes legales que han sido condenados por delitos menores, no tendrán una deportación obligatoria, sino que podrán pelear sus casos luego de una decisión de la Corte Suprema que invalida una parte de la ley federal al considerarla excesivamente vaga.
Decisión importante
El abogado de inmigración Andrés López, de la firma Lopez Law Firm, dijo que la decisión de la Corte Suprema es importante porque abre la posibilidad para que otros inmigrantes o residentes legales que han cometido ciertos delitos “no violentos”, puedan apelar sus sentencias migratorias y poder luchar por sus permanencias en Estados Unidos.
“También pueden reabrir sus casos si ya han perdido sus casos de deportación”, afirmó López a La Noticia.
¿Qué delitos califican?
López indicó que un delito con violencia es una herramienta para que Inmigración quite la residencia a una persona, pero existen dos maneras de catalogar un crimen: La sección A y la sección B, la cual fue considerada inconstitucional porque involucra un “riesgo sustancial” de fuerza física contra una persona o propiedad de otra persona.
“Suena confuso, pero por ejemplo, en una invasión a la propiedad o ‘burglary’, se requiere entrar a una casa sin consentimiento con la intención de delinquir. Inmigración dice que es un crimen que puede resultar en un daño físico a otra persona, pero la Corte Suprema dice que ese riesgo sustancial fue declarado como vago, y por lo tanto no tiene sentido”, explicó López.
El abogado comentó que al juez Neil Gorsuch no le gustan las leyes donde la gente no sabe las consecuencias de sus acciones, porque lo considera abuso del poder federal.
“Por ejemplo un crimen de violencia doméstica, es considerado Sección A, porque hubo uso de fuerza física contra alguien”, añadió.
El abogado mencionó que de todos modos si un residente permanente tiene una sentencia de más de un año, puede perder la residencia, en casos de: sentencias por faltas morales, un delito grave, o cargos de drogas, entre otros.
Cómo se dio la decisión
El fallo tuvo un voto de 5-4, incluido el del juez Neil Gorsuch, el último magistrado en ingresar al tribunal por nombramiento del presidente Donald Trump, y quien es considerado uno de los más conservadores.
La resolución se produce en torno al caso de James Dimaya, un inmigrante filipino que llegó a Estados Unidos en 1992, quien fue condenado por dos delitos de robo en California.
El gobierno inició su deportación pese a que no había daños a terceros en sus delitos. Su interpretación se basaba en que según la ley de inmigración se trataba de un caso de violencia agravada. Pero el Tribunal Supremo invalidó esa tesis al concluir que un robo, aunque sea con entrada en domicilio ajeno, no implica un acto de violencia agravada si no hay daños a terceros.
El fallo de la Corte da la razón al tribunal federal de apelaciones de San Francisco, California, que previamente había anulado la misma parte de la norma migratoria por razones similares.