Charlotte - Un reciente estudio acerca de la deportación de indocumentados a través del programa Comunidades Seguras en Carolina del Norte, indica que aumentó 192 % el número de inmigrantes sin cargos criminales respecto al año fiscal 2016.
El reporte divulgado el 25 de abril por el Centro de Información de Acceso de Registros Transaccionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse de Nueva York, indica que en 2016 fueron puestos en deportación 56 indocumentados, sin cargos criminales, mientras que en 2017 el número subió a 164 personas.
El porcentaje es aún mayor al comparar la cifra en 2015, cuando hubo 41 inmigrantes sin cargos criminales, lo que muestra un aumento del 300 %.
Ocho años del programa
TRAC suministra información de las deportaciones realizadas con Comunidades Seguras desde 2009 hasta octubre de 2017, proveyendo así un retrato de las deportaciones bajo la administración del presidente Donald Trump.
El informe examina cómo ha cambiado el nivel de deportaciones bajo la actual administración y el tipo de crímenes que son objetivo con el programa Comunidades Seguras.
Según el informe en total 13,175 personas fueron puestas en proceso de deportación durante los ocho años con el programa en este estado.
Entre los datos más relevantes durante ese lapso de años 2,691 deportados no tenían récords criminales, 1,035 cometieron ofensas de tránsito. Mientras que 2,086 manejaron bajo la influencia del alcohol, y 1,049 cometieron algún tipo de asalto.
En los condados
El informe de TRAC suministra los datos por condados, donde se puede ver el aumento o disminución de las detenciones de indocumentados sin cargos, y por violaciones de tránsito que a continuación se pueden comparar en estos cuadros:
Durante la administración de Barack Obama este programa fue reemplazado por el Priority Enforcement Program (PEP), pero una vez que el presidente Donald Trump tomó el cargo, lo terminó y restableció Comunidades Seguras en enero de 2017.
Sin embargo ambos programas cumplen la misma función, ya que usan el sistema biométrico que compara las huellas dactilares de los arrestados con las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).
Si aparecen récords criminales, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) emite una orden de detención ó “detainer”, lo que conlleva a poner al detenido bajo su custodia.