La audiencia de Mark Zuckerberg en el Congreso hace dos semanas definitivamente dio de qué hablar. Para el mundo digital fue un acontecimiento sin precedentes y puso un pie de entrada, en cómo se vislumbra una posible regulación sobre las actividades digitales de toda naturaleza. Así que no se equivoquen, aunque el fundador y CEO de Facebook es quien que estaba en cuerpo presente, la discusión también abarcaba gigantes tecnológicos como Google, o Amazon.
Lo que llevó a Zuckerberg al congreso fue el escándalo de Cambridge Analytica, pero las preguntas que le fueron planteadas hacían alusión al uso y funcionamiento de la plataforma, más que al problema que se generó con la empresa que violó la política de uso de Facebook para vender información de sus usuarios, y eso levantó una seria preocupación en todos los niveles: Si los congresistas no saben cómo se utilizan las plataformas digitales, ¿cómo van a ser ellos los responsables de establecer formas de regulación sobre las mismas?
Desde hace varios años las plataformas digitales han sido utilizadas con malas intenciones para orquestar actos terroristas, hacer comentarios públicos que rayan en discursos de odio, hacer bullying, usar información privada para fines comerciales sin permiso, o inclusive, desarrollar prácticas injerencistas en procesos electorales de otros países, y la conversación sobre el establecimiento de regulaciones llegó al congreso de nuestro país cuando hace unas semanas Mark Zuckerberg se presentó a responder preguntas sobre la responsabilidad de Facebook en esos recientes eventos, y tal y como él mismo lo manifestó, la regulación es tan necesaria, como inevitable.
El país que más avanzado está con este tema es China, pero no por las razones correctas. China desde hace muchísimos años tiene bloqueadas las redes sociales que considera tóxicas para el tipo de ideas e interacciones que el gobierno quiere que tengan sus ciudadanos, por lo que sólo está permitido el uso de WeChat, aplicación desde la cual los ciudadanos desarrollan todas sus actividades digitales, y que son monitoreadas de cerca por el gobierno, para controlar la disidencia.
Además de WeChat, el gobierno tiene planificado para el año 2020 el uso de una plataforma de créditos sociales de uso obligatorio para todos los ciudadanos, a través de la cuál la gente va a pagar impuestos, relacionarse con la gente, tener un GPS que va a monitorear dónde están en todo momento, y generar una puntuación en base a todas estas variables que va a definir qué tan buenos ciudadanos son, y si son merecedores de acceder a los beneficios del gobierno, de trabajar en ciertos lugares o de asistir a ciertas universidades. En este caso, las plataformas se están convirtiendo en una forma de control del gobierno hacia la ciudadanía.
En el caso de la Unión Europea, los gobiernos están buscando la manera de responsabilizar a las empresas de las acciones de los usuarios cuando estos violan leyes dentro de un país en cuestión, de tal forma que dependa de cada plataforma que el uso que le decida dar individualmente cada usuario, no trasgreda las leyes territoriales aunque la actividad se esté desarrollando en un espacio no físico.
Aunque la Unión Europea no ha establecido una ley que abarque a todos los territorios de la organización, los países por su cuenta están dando pasos en esta dirección. Por ejemplo en Francia, a principios de año, Macron anunció que para combatir las noticias falsas que buscan incidir en procesos electorales, se va a poner un límite de gasto de campaña sobre contenido digital pago, y obligar a las plataformas digitales a develar la fuente y origen geográfico de toda publicidad política paga que se utilice dentro de su país durante un proceso electoral.
De la misma manera, Reino Unido recientemente anunció a través del secretario digital que responde al ministerio de comunicaciones, que si Facebook falla en proteger la información de sus usuarios a través de la plataforma de haceros o empresas informáticas, el gobierno tendría que intervenir en el funcionamiento de la plataforma dentro de dicho país para ponerle un freno a la situación.
En Estados Unidos, lugar originario en el que todas estas propuestas tecnológicas nacieron, los pasos hacia la regulación van a mucha menos velocidad, en parte porque lo que ocurra en nuestro país va a afectar al funcionamiento de dichas plataformas alrededor de todo el mundo, pero en parte también por la manera de entender la libertad de mercado que ha marcado con notoriedad nuestra manera de manejar la economía y regular la actividad empresarial.
Sin embargo, lo que ocurrió con Zuckerberg es la entrada a esta discusión, lo que ocurre es que, por lo visto en esa audiencia, no tenemos por lo pronto congresistas preparados en el aspecto técnico para poder hacer propuestas regulatorias que además de ser coherentes con los usuarios, sean realistas en cuanto a posibilidades tecnológicas.
¿Debería el gobierno tener acceso a Facebook para monitorear posibles amenazas a la seguridad nacional de nuestro país? ¿Cómo afectaría esto al funcionamiento de la plataforma y cómo se lo tomaría el resto de los gobiernos del mundo? ¿Disminuirán los ingresos de Facebook si se regula la publicación de contenido pago? ¿Cómo afectará esto a la economía estadounidense?
Todavía no se tienen respuestas a estas preguntas porque no estamos muy avanzados sobre el tema, pero una cuestión más importante surge en medio de esta conmoción, pues si bien Estados Unidos evidentemente jamás tomaría la vía China para regular las plataformas, ¿podrían esta forma de regulación sumarse a la estrategia implementada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para acceder a la información privada de los ciudadanos con el fin de monitorear sus actividades en nombre de la seguridad nacional?
Todavía no sabemos hasta qué punto, ni en qué momento ni a qué velocidad, pero la actividad de las plataformas digitales definitivamente va a cambiar en todo el mundo próximamente y nuestras vidas se verán cada vez más afectadas y vinculadas al gobierno por esa decisión.