La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos (USCM envió el una carta firmada por 90 alcaldes bipartidistas de 29 estados (entre ellos tres de Carolina del Norte) a la secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kirstjen Nielsen, pidiéndole que abandone la propuesta de endurecer los requisitos para la legalización de ciertos inmigrantes que usen servicios públicos, expandiendo de la llamada regla de la carga pública
.
La Casa Blanca publicó ese día en el Registro Federal un nuevo reglamento de inadmisibilidad por uso de servicios o carga pública
, es decir que se considerará como un factor negativo que un inmigrante legal use un servicio público (estampillas de comida, servicios médicos, etc), pese a que legalmente tiene derecho de usarlos. Esta norma está en una etapa de recepción de comentarios públicos por 60 días, antes de que entre en efecto. Analistas temen que si entra en vigor castigará severamente a inmigrantes pobres y enfermos.
Los alcaldes de Carolina del Norte: Pam Hemminger de Chapel Hill, Steve Schewel de Durham, y Lydia Lavelle de Carrboro, así como Steve Benjamin de Columbia, Carolina del Sur firmaron la carta pidiendo que se elimine esta nueva norma.
Extracto de la carta de los alcaldes
Muchos grandes estadounidenses llegaron a este país como inmigrantes, llegaron sin nada y comenzaron su viaje desde el último escalón de la escala económica. Nuestra historia nos ha demostrado que el acceso a beneficios críticos a menudo es necesario por un corto tiempo para ayudar a los inmigrantes a ser asimilados, y finalmente, prosperar en su nuevo país. Claramente, no sería lo mejor para nuestras comunidades imponer restricciones adicionales a los beneficios no monetarios que limitarían el crecimiento de los inmigrantes, la prosperidad económica y la búsqueda de la felicidad como estadounidenses.
En nuestra opinión, esta propuesta comprometerá la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños; impactará el acceso a la atención de salud; reducirá las opciones de vivienda; y afectará negativamente a nuestras economías locales. Obligará a las familias a elegir entre la ayuda que necesitan y estar con las personas que aman. Además, al interrumpir el camino de muchas personas hacia la ciudadanía, la norma propuesta también privaría a los inmigrantes y las ciudades de los beneficios bien documentados de la naturalización, en los ingresos, el empleo y la propiedad de viviendas.
Como alcaldes, vemos de primera mano, todos los días, el impacto positivo que tienen los inmigrantes en nuestras comunidades. Contribuyen de innumerables maneras a nuestra fortaleza económica y cultural. Nuestras ciudades y nuestra gran nación fueron construidas por inmigrantes y son revitalizadas continuamente por ellos. Esta política equivocada dañará a nuestra gente, nuestras ciudades y nuestra nación. Niega nuestra historia y pone en peligro nuestro futuro
.