Un trabajador agrícola latino de Carolina del Norte presentó una demanda legal contra Lamm Farms, LLC y Alvarado's Harvesting, LLC, por trata de personas y múltiples violaciones de los salarios mínimos estatales y federales, así como de la hora extra.
El demandante, representado por la División de los Trabajadores Agrícolas de Ayuda Legal de Carolina (FWU) y Justicia Campesina (FJ), está buscando reparación por daños reales y punitivos en virtud de las presuntas violaciones de la ley.
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¿Quién es el trabajador latino y por qué acusa a las empresas?
El demandante, Axel Campos Arroyo, llegó a Carolina del Norte en 2022 bajo una visa de trabajo temporal H-2A, reclutado por Lamm Farms y Alvarado's Harvesting, LLC.
Sin embargo, en lugar de encontrar las condiciones de trabajo esperadas, Campos Arroyo y sus compañeros de trabajo supuestamente enfrentaron condiciones laborales adversas, trabajando más de 60 horas a la semana bajo amenazas constantes de deportación y daño a sus familias.
Además, alega que no se cumplieron los salarios prometidos, así como la obligación de pagar deudas impuestas por los acusados como parte de un esquema de trata de personas.
Obligados a trabajar sin horas extras y en tareas diferentes a las agrícolas
El demandante también acusa de abuso a los trabajadores, obligándolos a realizar tareas que no estaban contempladas por el programa H-2A, incluyendo trabajos de construcción, donde trabajaron largas mucho tiempo sin compensación por horas extras. Además, se alega que los acusados confiscaron los pasaportes de los trabajadores y no proporcionaron información sobre las condiciones laborales.
El trabajador latino vivía prácticamente secuestrado
La situación se volvió aún más tensa cuando el demandante logró escapar de la vivienda controlada por los empleadores, siendo luego acosado por llamadas y mensajes amenazantes, incluyendo la posibilidad de arresto y deportación.
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Los empleadores utilizan engaños para obligar a los trabajadores a aceptar condiciones abusivas
Trent Taylor, abogado de Justicia Campesina, enfatizó que los propietarios de granjas no deben escapar de la responsabilidad si los contratistas de mano de obra agrícola violan la ley al traficar con trabajadores, declarando que nadie debería ser forzado a trabajar bajo amenazas, sin importar su origen o el trabajo que realicen.
“Muy a menudo, los propietarios de fincas delegan la función de reclutamiento de trabajadores a los contratistas de mano de obra agrícola, pero esto no debería protegerlos de la responsabilidad cuando estos contratistas violan la ley al traficar con trabajadores”, declaró Trent Taylor, abogado de planta de Farmworker Justice. “Nadie, sin importar de dónde sea o el trabajo que realice, debe ser obligado a trabajar bajo la amenaza de su empleador”.
Axel Campos está buscando justicia para él y sus compañeros de trabajo, pues las empresas continúan operando presumiblemente bajo el mismo esquema.
“Cuando el demandante llegó legalmente a los Estados Unidos para realizar un trabajo para Lamm Farms, esperaba recibir un trato humano y una compensación justa por su trabajo. Los acusados no le pagaron el salario prometido y exigido legalmente, lo sometieron a amenazas de represalias si se quejaba o hablaba sobre sus violaciones de la ley, y lo privaron del reembolso de los gastos de viaje que certificaron ante el gobierno de los Estados Unidos que pagaría”. Agregó el abogado.
Los traficantes de mano de obra a menudo usan tácticas engañosas y tarifas ilegales, así como amenazas relacionadas con el estatus migratorio, para forzar a los trabajadores a aceptar condiciones inaceptables.
Las organizaciones Farmworker Justice y FWU han observado un incremento en la explotación de trabajadores agrícolas en la última década. En este caso, el Demandante alega que Lamm Farms y otros acusados emplearon métodos similares, manteniendo control sobre los trabajadores y explotándolos al obligarlos a trabajar largas horas por salarios insuficientes al recolectar y cosechar cultivos.
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