La Casa Blanca envió el 21 de marzo un memorando dirigido a la Fiscal General, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyendo al Departamento de Justicia a sancionar a abogados y firmas legales que presenten demandas contra el gobierno federal que la administración Trump considere “irracionales” o “frívolas”. Esta medida ha desatado una fuerte respuesta de más de 20 organizaciones de derechos civiles, que condenan lo que consideran un ataque directo a la independencia judicial y a la práctica ética de la abogacía.
Reacción de las organizaciones de derechos civiles
Un total de 22 organizaciones de derechos civiles, entre las que se incluyen el Legal Defense Fund, la ACLU, el Southern Poverty Law Center y LULAC, rechazaron enfáticamente el memorando de la Casa Blanca. Estas organizaciones han calificado la medida como un intento de intimidar a los opositores políticos y de socavar la independencia del sistema judicial.
En su declaración, los grupos afirmaron que el memorando, emitido una semana después de un discurso cargado políticamente de Trump en el Departamento de Justicia, representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a cuestionar las acciones del gobierno.
Los firmantes del comunicado también expresaron su preocupación de que este tipo de políticas puedan desviar la atención de la responsabilidad y permitir al gobierno actuar sin la supervisión adecuada.
¿Abogados bajo amenaza?
El memorando establece que el Departamento de Justicia investigará a los abogados que presenten demandas contra el gobierno, especialmente aquellas consideradas “frívolas”. Además, menciona por nombre a un abogado específico, lo que ha sido percibido como un intento de intimidar y criminalizar a los profesionales legales que desafían al gobierno.
Las organizaciones denuncian que esta acción está diseñada para desincentivar la acción legal contra la administración y utilizar la maquinaria del gobierno como un instrumento de represión contra quienes se oponen a sus políticas.
Las organizaciones también alertan sobre el peligro de que el gobierno utilice sus recursos para atacar a las firmas legales y abogados que defienden derechos civiles.
En su declaración, instan a los miembros del poder judicial, a las asociaciones de abogados y a los propios abogados a defender la ley y a rechazar cualquier intento de utilizar el sistema judicial para fines políticos. Según los grupos, esta situación pone en riesgo la viabilidad de la democracia y representa un ataque a los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Piden independencia del sistema judicial
Las organizaciones de derechos civiles han hecho un llamado urgente a proteger la independencia del sistema judicial. Advierten que cualquier intento de debilitar el sistema de justicia o de utilizarlo con fines políticos no solo pone en peligro a los abogados, sino también a la sociedad en su conjunto.