El Centro Hispano, así como El Colectivo en Carolina del Norte y El Pueblo se posicionaron en contra de la propuesta de ley HB10, que busca que todos los alguaciles del estado trabajen directamente con las autoridades migratorias.
Aunque la medida ya fue aprobada por la Asamblea General del estado en dos ocasiones, el gobernador Roy Cooper la ha vetado, pero el Partido Republicano, que tiene una supermayoría en el Congreso, podría revertir cualquier veto del gobernador, aumentando la probabilidad de que sea aprobada.
La medida haría que los alguaciles de los 100 condados de Carolina del Norte trabajen con ICE realizando detenciones de personas indocumentadas o que no logren demostrar su estatus migratorio, quienes serían detenidas en celdas hasta que se abra su proceso con ICE y, aunque se plantea que sea solo a quienes comentan delitos graves, las organizaciones ya han advertido que las detenciones podrían extenderse a cualquier tipo de delitos.
Ante este escenario, Pilar Rocha-Goldberg, presidenta y CEO de El Centro Hispano, señaló que es absurdo ir en contra de la comunidad inmigrante, quienes han abonado a la construcción del estado y de la nación:
"En lugar de implementar proyectos de ley innecesarios y restrictivos como la HB-10, deberíamos priorizar protecciones laborales y acceso a permisos de trabajo",
señaló la CEO.
Por su parte, El Colectivo NC también hizo eco de las declaraciones y enfatizó que este tipo de legislaciones fomentan abiertamente un ambiente de miedo e inseguridad a nivel nacional erosionando la confianza entre las fuerzas del orden y los inmigrantes, perjudicando a su vez la seguridad pública.
Verónica Aguilar, de El Pueblo, dijo que los alguaciles y funcionarios de prisiones del estado se verían expuestos a demandas por violaciones constitucionales al retener a las personas más allá del tiempo legal establecido por la Constitución y coincidió en que la propuesta debilitará la confianza de la comunidad con las fuerzas del orden.
¿Qué tan importante es la comunidad inmigrante en la economía de Carolina del Norte?
Según la Federación Agrícola Estadounidense, anualmente se requieren 2.4 millones de empleos agrícolas, por lo que las organizaciones subrayan que los inmigrantes tienen un papel crítico.
"Con los inmigrantes indocumentados constituyendo el 39 % de la población inmigrante de Carolina del Norte y contribuyendo con $5.9 mil millones en poder adquisitivo, su integración en la fuerza laboral es vital para la prosperidad del estado",
sentenciaron El Colectivo NC y El Centro Hispano, exigiendo la protección de los derechos de los inmigrantes.
Ambos colectivos están usando los hashtags #StopHB10 y #ProtectoNCFamilies en redes sociales para compartir una campaña educativa contrala HB10 y salvaguardar los derechos y la dignidad de las familias inmigrantes en Carolina del Norte.
¿Qué falta para que la HB-10 se convierta en ley?
La medida aún tiene que ser aprobada por el Senado y, de serlo, pasaría nuevamente al escritorio del gobernador Roy Cooper, quien podría vetarla, aunque los legisladores podrían revertir el veto.
En el país ya existen medidas similares que atentan contra los inmigrantes, como la propuesta de ley HB-1105 en Georgia, la ley SB 1718 en Florida, que entró en vigor en julio del año pasado; y la ley SB-4 en Texas.