En el 2020 Carolina del Norte tuvo el mayor número de muertes en el lugar de trabajo en una década, lo que llevó a las organizaciones de derechos civiles a presentar una denuncia ante el gobierno federal, la cual asegura que el Departamento de Trabajo del estado (NCDOL) falló en proteger a los trabajadores esenciales contra el COVID-19.
A finales de enero, el NCDOL publicó un informe de fatalidad en el lugar de trabajo, que reveló 91 muertes en el 2020; que es dos veces más alto que el promedio anual en los últimos 10 años. Según el informe, 26 de esas muertes (casi un tercio) se atribuyeron al COVID-19.
Trabajadores esenciales desprotegidos en Carolina del Norte
Desde el comienzo de la pandemia, los empleados esenciales que trabajaban en fábricas o procesadoras indicaron a los activistas que no había suficientes protecciones establecidas para mantenerlos seguros.
Durante el verano, Tyson Foods en Wilkesboro tuvo cerca de 600 trabajadores con COVID-19.
En agosto una granja de árboles de Navidad en el condado de Alleghany, tuvo más de 100 trabajadores enfermos.
El Comité de Abogados para los Derechos Civiles, el Centro de Justicia de Carolina del Norte y el Southern Poverty Law Center; que representan a varias organizaciones de trabajadores, presentaron una queja contra el NCDOL a mediados de febrero.
En la queja aseguran que el NCDOL falló en su aplicación a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en Carolina del Norte; lo cual requiere que la entidad estatal sea al menos tan eficaz como OSHA federal en la protección de los trabajadores.
“NCDOL se negó a actuar”
Activistas presentaron una petición ante la NCDOL en octubre para que se establezca una nueva regla para proteger a los trabajadores contra el COVID-19, como proporcionar equipo de protección personal; hacer cumplir el distanciamiento social, instalar barreras y rotar los turnos para evitar aglomeraciones, pedido que la agencia rechazó a principios de noviembre.
Según la denuncia: "NCDOL ha incumplido su responsabilidad legal de proteger la salud y seguridad de los trabajadores de Carolina del Norte durante la pandemia; lo que ha perjudicado desproporcionadamente a los trabajadores de color que están sobrerrepresentados con tasas más altas de COVID-19".
“El fracaso de Carolina del Norte para participar en la elaboración de reglas básicas es el abandono de sus responsabilidades de salud pública y seguridad, que tendrán impactos dañinos inmediatos en la salud y el bienestar de miles de trabajadores afroamericanos, latinos e indígenas en todo el estado”; dijo Mark Dorosin, del Comité de Abogados para los Derechos Civiles.
Elizabeth Haddix, una de las abogadas del grupo Hispanic Liaison, dijo que muchos de esos trabajadores son minorías; y sospecha que el número de muertes publicadas por el NCDOL en realidad es mucho mayor.
"Muchos de esos trabajadores son personas marginadas. No son personas que van a denunciar un problema o presentar una queja por temor a represalias de su empleador", aseguró Haddix.
En un comunicado, el NCDOL dijo: "El hecho de que el COVID-19 sea una enfermedad transmisible hace difícil determinar si un caso está realmente relacionado con el trabajo".
Los representantes de varias organizaciones esperan que la queja motive al departamento estatal a poner más medidas preventivas en tornos de trabajos como fábricas o procesadoras.
"Estos trabajadores esenciales son empleados en primera línea para mantener a nuestro país en funcionamiento; y para mantener comida en los platos de los habitantes de Carolina del Norte", dijo Julia Solórzano, abogada del Southern Poverty Law Center..
"Estos trabajadores son esenciales, no desechables", concluyó