El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves a Texas por su nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos, asegurando que se promulgó “en abierto desafío a la Constitución”.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Texas y solicita a un juez federal que declare la ley como inválida, “que impida su aplicación y que proteja los derechos que Texas ha violado.”

“La ley es claramente inconstitucional de acuerdo con los precedentes de la Corte Suprema", dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en una conferencia de prensa sobre la demanda.

El Departamento de Justicia argumenta que la ley infringe ilícitamente los derechos constitucionales de las mujeres y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que indica que las leyes federales prevalecen sobre las estatales.

Autoridades federales también están preocupadas de que otros estados promulguen leyes parecidas que “priven a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales”.

“Es un derecho constitucional establecido que ‘un Estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad. Pero Texas ha hecho precisamente eso”, señala la demanda. 

La ley de Texas, llamada SB8, prohíbe la interrupción del embarazo una vez que los médicos detecten actividad cardíaca en el feto, situación que normalmente ocurre alrededor de las seis semanas de gestación, antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas.

Hasta el momento, los tribunales han impedido que otros estados impongan leyes similares, pero la ley de Texas difiere significativamente porque delega la aplicación de la medida a los ciudadanos privados por medio de demandas civiles.

Gobierno de Biden presionó al Departamento de Justicia

La presión sobre el Departamento de Justicia para actuar respecto a la lay SB8 no solo vino de la Casa Blanca, también de legisladores demócratas. El presidente Joe Biden dijo que la ley es "casi antiestadounidense".

Merrick Garland prometió que el Departamento de Justicia intervendría para hacer cumplir una ley federal conocida como Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas.

La Ley FACE prohíbe impedir físicamente el acceso a clínicas de aborto mediante el bloqueo de las entradas o con amenazas de usar la fuerza para intimidar o interferir con alguien. También prohíbe dañar la propiedad de clínicas de abortos y centros de salud reproductiva.

Aldo Mendoza

Egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. amendoza@lanoticia.com

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