Luego del cese del Título 42 el presidente Joe Biden estableció una serie de ajustes a la política migratoria. Una de ellas recibió un revés por parte de un juez federal de California, que bloqueó las restricciones al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez Jon Tigar consideró que no debía continuar la medida de negar asilo a los migrantes que llegan a la frontera sin antes solicitarlo en línea a través de la aplicación CBP One, o sin haber buscado protección en otro país antes de pisar suelo estadounidense.
Los inmigrantes pueden recibir esto como una buena noticia, ya que son muchas las trabas que la aplicación impone. Desde una limitada cantidad de citas diarias, hasta fallas que no permiten "avanzar" en los diferentes pasos que contiene, sin contar conque no está disponible en idiomas de habla de muchas personas.
Por otro lado, no hay sistemas de asilo tan robustos como en Estados Unidos, por lo que las naciones en la ruta no resultan opciones viables para quedarse.
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¿Cuándo entra en vigencia la medida de bloqueo?
Aquí está la mala noticia para los inmigrantes, ya que la puesta en marcha del fallo deja 14 días en los que se espera la apelación por parte del gobierno de Biden. De inmediato, el Departamento de Justicia anunció acciones que anticipan que este caso terminará en la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué existe esa política antimigratoria de Biden?
Para la administración actual esta política vigente desde el 11 de mayo, lejos de ser una norma antimigratoria, es un impulso por legalizar el ingreso de migrantes al país. Hasta ese momento, había ríos de personas ingresando a la frontera, causando un caos en los puestos de control.
En parte, también se hizo con el objetivo de tranquilizar los ánimos de los estados antimigratorios como Florida, que resaltan el descontrol debido a la masiva cantidad de personas que consumen espacios y recursos de forma desmesurada.
Del otro lado, asociaciones pidieron atención a través de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados.
Los defensores justifican que limitar el asilo es una violación a las leyes del país. También ponen en peligro a miles de migrantes que deben salir de sus países por diversas causas, que incluyen resguardar sus vidas.
Además del uso de CBP One y buscar amparo en un país de camino a Estados Unidos, el gobierno también dispuso recursos como la solicitud de reunificación familiar o un programa humanitario que autoriza la entrada de 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.