El presidente electo, Donald Trump, anunció el 18 de noviembre su intención de declarar una “emergencia nacional” para movilizar a militares, y ejecutar arrestos y deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Esto puede sonar intimidante, pero, ¿está facultado legalmente el nuevo presidente para hacer esto?
Desde su contundente victoria el 5 de noviembre, defensores del nuevo mandatario emiten contradictorias declaraciones sobre si Trump va o no a cumplir con una de sus promesas centrales de campaña: realizar “la mayor operación de deportación de la historia del país”.
Ciertamente, deportar 11 millones de indocumentados sería una tarea titánica, para la cual el gobierno federal no cuenta ni con el dinero, el personal o la infraestructura para hacerlo. Pero no se deje engañar. Al igual que la primera vez que llegó al poder, en el 2017, la deportación indiscriminada, afectará a trabajadores y familias sin antecedentes delictivos. Pese a esto, vivimos en una nación de leyes, las cuales garantizan ciertos derechos a los inmigrantes.
¿Hay base legal para arrestos y deportaciones masivas?
Si la nueva administración planea realizar estos arrestos y deportaciones a gran escala, tendrá que ignorar múltiples leyes.
Trump confirmó que para detener a los inmigrantes movilizará a militares, agentes federales, policías estatales y locales para operativos en vecindarios y lugares de trabajo. Sin embargo, todas estas instituciones están sujetas a sus propias leyes. El procesamiento judicial para determinar si una persona puede ser deportada, es un trámite que no puede ser fácilmente delegado a otras agencias.
Una alternativa para superar algunas de estas restricciones legales y presupuestarias es que la Casa Blanca trabaje con agencias locales, en estados que son afines a Trump. Sin embargo, aquí surgen otros problemas. El control de inmigrantes no es una potestad de los militares, ni de los alguaciles o policías, solo le compete al gobierno federal, según la Constitución.
Otra duda que surge al momento de hablar sobre redadas en vecindarios y lugares de trabajo es: ¿cómo reconocerán los oficiales que una persona es indocumentada?, ¿por la forma cómo se ven?
Históricamente, operaciones similares han resultado en perfiles raciales y violaciones de derechos civiles. Un ejemplo conocido es el caso del exalguacil Joe Arpaio en Arizona, quien fue demandado múltiples veces por detener e investigar a personas únicamente basándose en su apariencia o idioma.
Ley de Enemigos Extranjeros Vs. la Constitución
El equipo de Trump considera opciones legales extremas para acelerar las deportaciones. Una de ellas es la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del año 1789 que rara vez ha sido utilizada en nuestra historia. También busca expandir el uso de procedimientos de “remoción expedita”, que limitan el derecho de los inmigrantes a defenderse contra la deportación. El problema es que esto viola garantías constitucionales.
Organizaciones como ACLU y expertos legales advierten que si el nuevo gobierno acelera los arrestos y deportaciones, estas acciones violarían múltiples derechos. Entre ellos, la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual protege contra registros y arrestos sin sospecha razonable. Igualmente, se iría en contra de la Quinta y Decimocuarta Enmiendas, que garantizan el debido proceso y la igualdad ante la ley, prohibiendo la discriminación racial.
¿Pueden los militares para arrestar inmigrantes?
Frente a todo lo antes mencionado, es my probable que estas medidas enfrentarán fuertes desafíos legales. Además, el uso de militares para ejecutar estas acciones podría violar la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso del ejército en asuntos civiles.
Las propuestas de Trump no solo tienen implicaciones sociales y éticas, sino que también chocan con principios constitucionales fundamentales.
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