El estado de Florida, además de ser famoso por sus playas, parques de diversiones y por contar con muchas personas que hablan español, se está convirtiendo en un bastión para promulgar políticas ultraconservadoras. Recientemente, la legislatura de Florida aprobó una de las leyes más antiinmigrantes de la última década. ¿Por qué sucedió esto?, ¿otros estados, como Carolina del Norte, podrían hacer lo mismo?
El proyecto de ley SB-1718 provee $12 millones para reubicar indocumentados lejos de la Florida, exige a las empresas con más de 25 empleados verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, prohíbe que los gobiernos locales den dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a los inmigrantes, e invalida las licencias de conducir de otros estados en donde los inmigrantes pueden obtener este documento.
Esta serie de medidas, impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, buscan dos cosas: 1) revivir el viejo e infundado miedo contra los inmigrantes, y 2) mostrar a DeSantis como un político “duro” y ultraconservador, a fin de fortalecer su posible nominación presidencial.
Tristemente, no es la primera vez que este tipo de legislaciones oportunistas, sin fundamento y plagadas de prejuicio, lucran del temor de millones de familias trabajadoras, la historia nos demuestra que estas leyes solo son un espectáculo macabro y, que en la práctica, no pueden aplicarse. Veamos un par de ejemplos.
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California lo intentó
En 1994, la Propuesta 187 (que tenía el dramático nombre: “Save Our State” SOS), buscaba establecer un sistema de evaluación de ciudadanía administrado por California, prohibía que los indocumentados usen atención médica (que no sea de emergencia), educación pública y otros servicios en el estado.
Sus proponentes decían que era muy caro pagar por los servicios sociales que recibían los inmigrantes, pero la Oficina del Análisis Legislativo de California estimó que en realidad sería más costoso un sistema propio de verificación de estatus migratorio.
Los votantes aprobaron esta propuesta de ley en las elecciones del 8 de noviembre de 1994. Sin embargo, fue impugnada en una demanda legal al día siguiente y un tribunal federal de distrito la declaró inconstitucional el 11 de noviembre de ese año.
Perfil racial en Arizona
En el 2010, la entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer, impulsó una draconiana ley conocida como “muéstrame tus papeles”.
Entre otras cosas, la SB-1070 convirtió en delito que un inmigrante esté en Arizona sin portar sus documentos, además obligaba a la policía local a determinar el estatus migratorio de la persona, si tenía “la sospecha razonable” de que no estaba de manera legal en el país, e imponía sanciones a quienes transportaban a “extranjeros no registrados”, aunque sean familia.
A escasas 24 horas de que la SB-1070 entrara en vigencia, una jueza ordenó la suspensión de las cláusulas más controversiales de la ley.
El arquitecto de esta ley, el republicano Russell Pearce, entonces presidente del Senado de Arizona, perdió su curul en una elección revocatoria en noviembre del 2011, convirtiéndose en el primer legislador en la historia de ese estado en ser destituido de su cargo.
Las leyes antiinmigrantes estatales son inconstitucionales
Hoy, la Asamblea General de Carolina del Norte quiere ignorar la historia y sigue empujando un proyecto de ley que busca obligar a las agencias locales del orden a colaborar con Inmigración.
La inmigración es un asunto federal. Los estados no tienen autoridad para crear sus propias políticas migratorias. Estas leyes son dañinas para la economía, propensas a la discriminación racial, y perjudiciales para las relaciones entre las fuerzas del orden y la comunidad. Es reprochable que los políticos, a sabiendas de esto, sigan sembrando miedo para obtener unos pocos votos.
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