La Cámara de Representantes de Carolina del Sur tiene la propuesta de aceptar una nueva ley que prohibiría que el empleador o cualquier persona pregunte sobre el estado de vacunación de otro individuo.
El simple hecho de preguntar su alguien está vacunado podría considerarse como un delito menor.
“El gobierno no tiene lugar para obligarlo o decirle que se vacune, o amenazar su sustento si no lo hace”, dijo el representante del norte del estado William “Bill” Chumley.
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El proyecto de ley de la Cámara H.4848 ahora se dirige al Comité. En el mismo se señalan las siguientes especificaciones:
“Cualquier representante de una entidad pública, privada o sin fines de lucro, que pregunte sobre el estado de vacunación de COVID-19, debe ser multado no más de $14,000 o encarcelado no más de un año”.
La legislación propuesta ayudaría a “la libertad y protección laboral”, aseguró Chumley a FOX Carolina.
El representante cree que gran parte de la actual escasez de mano de obra laboral se debe a los mandatos de vacunas.
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“Los estados tienen derecho a imponer ciertas leyes si quieren y a no imponer otras que consideremos inconstitucionales”, agregó.
En cuanto a las empresas privadas, Chumley explicó que sintió la necesidad de proteger a los empleados con su decisión de vacunarse o no hacerlo.