Con 27 votos a favor y 17 en contra, el Senado de Carolina del Norte votó la tarde del 9 de septiembre sobre el proyecto de ley HB-10, considerado antiinmigrante, por forzar a las agencias locales de la ley a cumplir labores migratorias. Ahora este proyecto pasará a la Cámara de Representantes para una votación final, probablemente a finales de esta semana.
Los líderes republicanos de Carolina del Norte anunciaron el acuerdo de un “mini-presupuesto”. Esto incluye, además de la expansión del programa de “voucher” o vales escolares, la controvertida medida que obliga a todos los alguaciles del estado a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
¿En qué consiste el proyecto de ley considerado antiinmigrante?
El acuerdo requiere que los alguaciles de los 100 condados de Carolina del Norte notifiquen al ICE, cuando no puedan determinar el estatus legal de una persona arrestada por delitos graves.
Además, se verán obligados a “honrar las solicitudes de detención de ICE”, reteniendo a las personas acusadas de estar en el país de manera irregular por hasta 48 horas. Esto para dar tiempo a los agentes federales para llegar y llevárselos.
Esta nueva legislación ha sido criticada por activistas de derechos humanos y varios alguaciles locales. Iliana Santillán, directora ejecutiva de El Pueblo, advirtió que esta medida creará un entorno hostil para las comunidades inmigrantes.
“Este tipo de leyes no solo separan familias por incidentes menores como infracciones de tránsito, sino que también disuaden a los inmigrantes de denunciar delitos por temor a ser deportados”, afirmó Santillán.
Impacto en la seguridad pública
En el pasado, propuestas similares fueron descartadas, pues el tema migratorio es de competencia federal y no estatal. Sin embargo, en esta ocasión, los legisladores republicanos tienen una “supermayoría”, que puede desestimar un posible veto del gobernador Roy Cooper.
Los defensores de la ley argumentan que fortalece la colaboración con ICE mejorará la seguridad pública. Activistas señalan que esta medida, por el contrario, podría tener “efectos adversos”. Organizaciones como ACLU de Carolina del Norte y el NC Justice Center advierten que la nueva ley podría erosionar la confianza entre la policía y la comunidad inmigrante.
Múltiples estudios muestran que cuando las fuerzas del orden cooperan estrechamente con ICE, los inmigrantes, incluidos aquellos con estatus legal, se sienten menos seguros al reportar crímenes o colaborar con investigaciones policiales, lo que disminuye la efectividad de las autoridades locales para resolver delitos.
“HB-10 es un ataque contra la comunidad inmigrante. Este proyecto de ley solo intenta separar a las familias y aumentar el odio contra nuestra comunidad. Si se aprueba, la HB-10 tendría consecuencias devastadoras para las personas más vulnerables de nuestra sociedad”, mencionó Antelmo Salazar, Presidente de El Colectivo NC.
Piden ejercer presión a los legisladores
“La HB-10 pretende obligar a los alguaciles a cooperar con ICE. Además, están tomando dinero de las escuelas públicas locales y dándolo a escuelas privadas que no rinden cuentas y a las familias más ricas de Carolina del Norte”, agregó Stefanía Arteaga, directora del Carolina Migrant Network.
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes han prometido continuar su lucha contra la implementación de esta ley. Tienen planes de realizar campañas de concienciación y abogar por la protección de las comunidades afectadas.
“Llame hoy a su legislador de la Cámara de Representantes y dígales que voten en contra de la HB-10, ¡este proyecto de ley peligroso y antiinmigrante!”, pidió la organización El Pueblo.