Un grupo de organizaciones sociales se unieron para expresar su preocupación ante las autoridades federales, sobre el programa 287(g), un acuerdo que permite a oficiales locales del condado de Alamance ejercer funciones como agentes migratorios. Aseguran que este acuerdo fomenta prácticas discriminatorias, afecta la seguridad pública, desperdicia recursos locales, y crea temor en la comunidad.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su capítulo local (ACLU of North Carolina), y la organización Siembra NC, presentaron una carta de queja, el 14 de abril, entre la Oficina de Derechos Civiles y Libertades (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); sobre el acuerdo 287(g) entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la oficina del Alguacil del condado de Alamance.
¿Qué es el programa 287(g) en Carolina del Norte?
El programa 287 (g) es un acuerdo voluntario entre ICE y algunos condados, con el cual se capacita a agentes locales de la oficina del alguacil para que ejerzan funciones como agentes migratorios.
Bajo este programa, cualquier inmigrante indocumentado que llegue a una cárcel donde funcione el 287(g), por cualquier motivo (aún por manejar sin licencia), será identificado, para luego pasar a manos de ICE, donde eventualmente será deportado.
Actualmente, 14 alguaciles y la cárcel distrital de Albemarle participan en el programa 287(g) en Carolina del Norte.
Batalla legal contra alguacil de Alamance
La Oficina del Alguacil de Alamance (ACSO) originalmente firmó el contrato para ser parte del 287(g) en el 2007. Tres años después, el Departamento de Justicia Federal abrió un caso de investigación contra de ACSO. El departamento concluyó que ACSO, liderado por el alguacil Terry S. Johnson, seguía un modelo de conducta discriminatorio que viola la constitución y la ley federal. Después de la investigación, DHS revocó el acuerdo 287(g) en el condado.
Bajo la administración de Donald Trump, se firmó un nuevo acuerdo de colaboración en noviembre del 2018 entre el alguacil Johnson con ICE. En enero del 2019, la Junta de Comisionados del Condado de Alamance aprobó un plan para recibir $2.8 millones del ICE y otras agencias para un centro de detención migratorio.
Finalmente, a principios del 2020, Johnson firmó un nuevo acuerdo con ICE en el que el alguacil y sus ayudantes sirven como “Warrant Service Officers”, u oficiales de servicio técnico, otro tipo de colaboración creado en el 2019 bajo el 278(g). El acuerdo no tiene fecha de expiración.
Podría interesarte: ICE investiga universidades y clínicas de Carolina del Norte
Denuncian prácticas discriminatorias
Ahora, la carta, presentada por ACLU, ACLU de Carolina del Norte y Siembra NC, pide abrir una investigación por prácticas policiales discriminatorias, violaciones de derechos civiles y falta de rendición y transparencia de los oficiales locales.
La carta asegura que los latinos en el condado son más propensos a ser detenidos por las autoridades locales. Aunque el 13.7 % de la población del condado de Alamance se identifican como latinos, el 26.7 % de las personas detenidas paradas de tráfico (checkpoint stops) son latinos, según un reporte de la North Carolina Central University, que compiló datos entre los años 2000 y 2011.
Adriel Orozco, abogado de ACLU Carolina del Norte, dice que esto puede resultar en una relación dañina entre la población de Alamance y las autoridades policiales. “Esto crea un clima de miedo y desconfianza. Hay muchas familias que tienen más de un estatus migratorio en casa, que no saben que sus padres son indocumentados y que estos quizá nunca vuelvan a casa, si son detenidos o llevados a prisión”, explica Orozco.
Latinos "tienen miedo de recibir o solicitar algún servicio"
"Hemos escuchado casos de personas que tienen miedo de recibir o solicitar otro tipo de servicios, por ejemplo, médicos o ir a centros de salud", agregó.
Orozco explica que por el simple hecho de parecer latino o de descendencia latina, una persona puede estar en peligro de ser detenida por las autoridades en Alamance.
“Hemos hablado con personas que, cuando fueron detenidas, trataron de interactuar con el oficial y hacer preguntas sobre por qué fueron detenidos, y les dijeron que lo hacían porque eran capaces, o podían hacerlo,” asegura Orozco, “por lo tanto, cuando tienes esta relación tan complicada con los oficiales policiales locales, cuando no hay responsabilidad pública, esto crea mucho temor".
Orozco explica que hay varias cosas que esta queja oficial está buscando lograr para los residentes de Alamance.
“Idealmente, nos gustaría dar luz a las prácticas a las que la oficina del alguacil está acudiendo, que la comunidad sepa que estamos aquí y estos tienen que responsabilizarse”, dijo el activista.
La Noticia contactó al alguacil Terry Johnson directamente para escuchar su respuesta y este dijo que, por asesoramiento legal, no puede hacer ningún comentario. También explicó que ha estado lidiando con este “desorden” desde el 2007 y durante su juicio en el 2012 fue encontrado inocente de todas acusaciones.